En el marco del Día de la Libertad de Expresión en México (7 de junio), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informa que registró 151 agresiones contra el derecho a la libertad de expresión en los primeros cinco meses de 2013, apenas 50 menos del total contabilizadas en todo 2012.
A través de su Relatoría para la Libertad de Expresión, esta Comisión contabilizó 13 agresiones contra este derecho en el mes de enero; 24 en febrero; 33 en marzo; 19 en abril y 62 durante mayo.
De los 151 ataques, 41 fueron contra individuos en ejercicio del periodismo o la libertad de expresión. De esta última cifra, 12 fueron contra mujeres, lo que representa más de la cuarta parte del total y aumenta al doble en comparación con los primeros cuatro meses de 2013, cuando sólo se registraron 6.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CDHDF señala que las autoridades estuvieron involucradas en la comisión de la mayoría de las agresiones, al cometer 42 de ellas, frente a 11 de civiles y dos de grupos de delincuencia organizada.
Los estados en los que más agresiones se detectaron fueron Oaxaca (7), Guerrero (6), Guanajuato (6), Durango (5), Veracruz (5) y el Distrito Federal (5).
La CDHDF resalta el número de 11 detenciones arbitrarias realizadas durante el mes de mayo (mes en que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa), frente a las 10 registradas en los primeros cuatro meses del presente año.
Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal califica como grave los casos de nuevas legislaciones que criminalizan, en el ámbito penal, conductas como la injuria o la difamación en distintos medios de comunicación, incluido el Internet.
Ejemplo de ello es la propuesta de reforma al Código Penal de Nuevo León, que al penar estas conductas lesiona fuertemente la libertad de expresión.
La CDHDF considera que la protección de la reputación y el honor no deben estar protegidos por la legislación penal, sino por la civil.
Recuerda que los estándares internacionales de derechos humanos que el Estado está obligado a respetar, establecen que la tipificación de estas conductas lesiona la libertad de expresión, y reconocen que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio de la sociedad, por lo que las leyes que criminalicen las expresiones y la crítica hacia ellos no deben permanecer en el orden jurídico por ser inconstitucionales.
Por lo anterior, la CDHDF exhorta a las autoridades federales y locales a cumplir con el Artículo 1º Constitucional y que tomen las medidas necesarias, tanto legislativas como ejecutivas y judiciales, para garantizar las condiciones del ejercicio a la libertad de expresión y de prensa.