La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el doctor Raúl Plascencia Villanueva, inició investigación en el caso de por lo menos 131 personas desplazadas del municipio de San Miguel Totolapan por violencia de la delincuencia organizada.
Procedentes de la comunidad de Las Shascuitas, se resguardaron en la zona de Caleta, Acapulco, Guerrero, de donde servidores públicos municipales intentaron desalojarlas. Desde el momento en el que conoció de los hechos, personal de este Organismo nacional acudió al lugar para proporcionar apoyo y acompañamiento a las víctimas y recabar testimonios.
Se trata de 29 familias que huyeron por la violencia de su comunidad y permanecen hacinadas en un terreno de donde un servidor público del Puerto de Acapulco, lejos de apoyarles en su desesperada situación, presuntamente intentó lanzarlas a través de sobornos y amenazas.
Según esa información, en el último mes cerca de mil personas de aquel poblado han tenido que abandonar sus hogares porque grupos armados que se disputan la zona de producción y trasiego de drogas han incendiado casas y asesinado a campesinos ajenos al conflicto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha llamado en reiteradas ocasiones a las autoridades para que atienda a estos mexicanos que han tenido que huir de su lugar de residencia y procuren garantizarles el respeto de sus derechos humanos.
El Organismo público autónomo ha detectado cómo en los últimos años la violencia ha generado condiciones para que alrededor de 120 mil personas se hayan movido de su lugar de origen para evitar ser víctimas de secuestro, extorsión o de algún otro tipo de amenaza.
Recibe quejas y peticiones de auxilio de ciudadanos que huyen de sus entidades donde existe mayor actividad del crimen organizado, como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Baja California y Sinaloa, principalmente.
Los desplazados internos tienen que abandonar a sus familias, fuentes de ingreso y cultura, con el objetivo de protegerse de la violencia que padecen en su tierra para ir a otras ciudades con mejores condiciones de seguridad.
La CNDH deplora el trato indigno, la falta de atención a estos ciudadanos y hace un llamado a las autoridades para que este y otros casos de esa naturaleza sean investigados a fondo, de manera profesional y se castigue a los responsables.
Considera que los gobiernos tienen la obligación y la responsabilidad de proporcionar protección y asistencia a esta población en desgracia.