*Red de profesores corruptos
Una auditoría permitió detectar que ocho servidores públicos del Colegio de Posgraduados (Colpos) hicieron transferencias de recursos públicos a cuentas bancarias personales, indebidamente, por 23.4 millones de pesos.
La auditoría, correspondiente al periodo enero-diciembre de 2008, ayudó a determinar que están involucrados el director del Colpos, cuatro profesores-investigadores y tres empleados administrativos.
Por estos hechos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó, entre otros, al Director General de Colpos, con destitución e inhabilitación por un año para trabajar en el Gobierno federal.
Cuatro profesores-investigadores fueron sancionados por la dependencia como sigue:
1. Destitución, inhabilitación por 15 años y multa por dos millones de pesos.
2. Destitución, inhabilitación por 10 años y multa por 23 millones de pesos.
3. Destitución, inhabilitación por 10 años y multa por 1.5 millones de pesos.
4. Suspensión por 30 días.
Este último académico, sancionado con suspensión, fue Director General del Colpos anteriormente.
Además, en lo que respecta al personal administrativo, la SFP impuso las siguientes sanciones.
5. Destitución al subjefe de Departamento, inhabilitación por diez años y multa por 23 millones de pesos.
6. Destitución al jefe del Departamento de Tesorería, e inhabilitación por diez años.
7. Inhabilitación por dos años a una secretaria del área administrativa.
Los recursos públicos objeto del desvío habían sido asignados a proyectos de investigación, a través de convenios con diversas entidades.
La auditoría, realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) del Colpos, puso al descubierto otras irregularidades: por ejemplo, los involucrados presentaron facturas falsas y alteradas por 12 millones de pesos para “comprobación” de gastos que, además fue realizada fuera de tiempo y sin que correspondiera a alguno de los proyectos ejecutados.
Por otra parte, para los trabajos establecidos en los proyectos conjuntos de investigación, el Colpos subcontrató servicios profesionales por un monto de 13 millones de pesos. Esto, a pesar de que en dichos convenios se especifica que la realización de los trabajos se llevaría a cabo con personal del propio Colegio.
Además de las sanciones administrativas, la SFP presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto delito de peculado, contra cinco servidores públicos involucrados directamente en las transferencias de recursos públicos a cuentas personales.
Esto implica que podrían hacerse acreedores a una pena que va desde dos hasta catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión público; de acuerdo con el Código Penal Federal.
Tres de los cinco denunciados penalmente eran profesores-investigadores; los otros dos son el ex jefe del Departamento de Tesorería y el ex subjefe de departamento.