El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, se reunió con la Comisión Especial para Revisar el Proceso de Licitación, Emisión del Fallo y su Cancelación, para la Construcción del Tren México – Querétaro, con el objetivo de resolver las dudas que en recientes fechas han manifestado diversos legisladores federales respecto al caso.
Los integrantes del órgano legislativo cuestionaron al funcionario en torno a los métodos empleados para garantizar transparencia y legalidad en dicho proceso, además de los criterios para dar el fallo positivo al consorcio China Railway Construction Company y los que la SCT tomó en cuenta para que no se signara el contrato final.
Asimismo, se manifestaron por dar certidumbre a la próxima licitación para el tren México-Querétaro que la SCT ponga en marcha, y solicitaron referir cómo fue y será la participación de instancias públicas para garantizar un resultado favorable para la ciudadanía.
Previo a los cuestionamientos, en su intervención inicial, Ruiz Esparza afirmó que dada la trascendencia y dimensión de este proyecto era indispensable contar con el apoyo firme del Congreso de la Unión y de la sociedad, así como el de los actores institucionales y la autorización para “actuar con legalidad, transparencia y honestidad” como lo ha hecho la SCT “invariablemente”.
Por ello, subrayó que era imperativo promover condiciones para que el Tren México – Querétaro se desarrollara con aceptación popular y estuviese libre de obstáculos, a fin de capitalizar sus beneficios sociales y económicos.
“Ello podía lograrse mediante una nueva licitación que disipara los cuestionamientos manifestados, los cuales habían permeado a la opinión pública, que diera certeza y seguridad al desarrollo del proyecto y que salvaguardara la relación con la República Popular de China”, enfatizó.
El secretario federal indicó que el fallo del 3 de noviembre para la concesión a China Railway Construction Corporation, se dio a partir de la evaluación de Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), organismo público descentralizado del gobierno español con el cual se colaboró para avalar las propuestas y quien dictaminó positivamente la de la empresa oriental.
Empero, dijo, días antes de esto se generó “un ambiente poco favorable hacia el proceso de licitación”.
Refirió que los participantes se pronunciaron en torno al tiempo para la presentación de proposiciones. Se difundió la versión de que uno solo no garantizaba las mejores condiciones, y que la oferta económica presentaba un sobreprecio si se le comparaba con el registro del proyecto ante la SHCP.
Esto último se dio “sin tomar en cuenta que, por el tiempo transcurrido desde la elaboración del análisis de costos y beneficios, el costo estimado en el registro debió actualizarse por el efecto de la inflación y el tipo de cambio, en los términos previstos por la normatividad”, aclaró.
De igual forma, continuó, se hicieron señalamientos sobre la participación en el consorcio de empresarios mexicanos vinculados a ex servidores públicos y administradores del gobierno.
Estas críticas se reflejaron en los medios de comunicación y llegaron también a las Cámaras del Congreso, abundó. De este punto, comentó que el pasado 6 de noviembre, durante un encuentro con la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado para tratar el tema, se presentaron varios cuestionamientos en cuanto a la legalidad y transparencia de la licitación.
“Concluido este encuentro, reflexionamos sobre el riesgo de continuar el proyecto bajo condiciones de duda, con la posibilidad de acciones políticas para obstaculizar su ejecución y la limitación o cancelación de los recursos necesarios para esto”, afirmó.
También, agregó, se tomó en cuenta el riesgo para los servidores involucrados en las decisiones tomadas en un escenario que llevaría a cuestionar su honorabilidad y la existencia de una percepción contraria al proyecto en la opinión pública.
Derivado de lo anterior, Ruiz Esparza destacó haber solicitado al Presidente de la República autorización para reponer el proceso y otorgar un plazo más amplio para presentar ofertas, lo que permitiría disipar los cuestionamientos y crear “un ambiente más positivo para este proyecto tan relevante”.
Por último, reiteró que no se ha pagado a China Railway Construction Corporation ninguna compensación o cantidad alguna por concepto de gastos no recuperables ni por cualquier otro, como se ha rumorado en fechas recientes.
“Durante la visita de Estado de Enrique Peña Nieto a China, del 10 al 13 de noviembre, expuse la situación a las autoridades y empresas así como las alternativas existentes. Por supuesto que hubo sorpresa, pero entendieron nuestras razones”, concluyó.