La Ley de Coordinación Fiscal presenta vacíos legales que dificultan cuestiones administrativas de las entidades y los municipios ante las instancias fiscalizadoras, acusó Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
En reunión de trabajo con los diputados que integran la Comisión Especial de Competitividad, el funcionario habló sin tapujos y luego de escuchar críticas y sugerencias, dijo: “Se requiere de una homologación de criterios para la operación y la auditoría de los fondos entre las legislaciones estatales, las diversas secretarías de Estado involucradas y la Auditoría Superior de la Federación”.
Añadió que la creación e implementación del ramo 33 representa un logro importante el proceso de descentralización del país; sin embargo, insistió en que se debe fortalecer la transparencia de recursos, la evaluación local del manejo de éstos y la forma de medir los resultados.
Dijo que el objetivo de la evaluación fue analizar la rendición de cuentas de los fondos, la consistencia entre el uso de los recursos y los objetivos, así como los retos en su operación local en materia de educación, salud, seguridad e infraestructura social.
Precisó que la evaluación arroja que existen desafíos sustanciales entre los que se encuentran la mejora en la definición de los objetivos de cada fondo y la adaptación de nuevas variables de medición de los resultados del ejercicio de los recursos.
“Se debe dar seguimiento a acciones que impulsen una mayor cultura de la evaluación de los órdenes estatal y municipal, así como mejorar los mecanismos para reportar información sobre la gestión y resultados de los recursos”, puntualizó.
Reveló que en la gestión de los fondos no se identifica una práctica de evaluación o de análisis. “No existe información homogénea disponible acerca del destino de estos recursos”, expuso una y otra vez ante los diputados federales, quienes tienen la responsabilidad, pero sobre todo, la obligación de enderezar el rumbo de la nación.
Hernández Licona destacó que ninguno de los fondos presenta un conjunto integral de indicadores que permita evaluar sus resultados o verificar el avance de sus objetivos y para que los diputados reflexionaran insistió: “Es necesario hacer transparentes las fuentes de información y bases de datos con los cuales se hacen los cálculos de distribución de los recursos, ya que se encontró que en ocasiones no cuentan con la información necesaria para el cálculo de las fórmulas de distribución del dinero que les entrega el pueblo”.