La senadora panista Beatriz Zavala Peniche propondrá una iniciativa para crear un Padrón Nacional de Beneficiarios de Desarrollo Social, así como una Base Nacional de Datos en dicha materia, por parte de los tres niveles de gobierno.
El objetivo, señaló, es fortalecer la transparencia de la información acerca de los recursos que reciben los beneficiarios y los programas sociales por parte de los gobiernos Federal, estatal y municipal.
De igual modo, planteó que con el propósito de afianzar y garantizar la transparencia y evitar el uso electoral de los programas sociales, una vez constituido el Padrón Nacional de Beneficiarios de Desarrollo Social, éste debe ser certificado por un auditor externo para que quede blindado técnicamente para un posible uso electoral.
“Además, se pretende otorgar mayor peso al fomento de opciones productivas para la economía familiar y normar los promocionales de los recursos de desarrollo social que convienen en coparticipación los tres órdenes de gobierno”, indicó.
La legisladora por Yucatán, quien prevé presentar la propuesta la próxima semana ante el pleno de la Cámara Alta, sostuvo que la importancia de la Ley General de Desarrollo Social publicada el 20 de enero de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, radica en que fue la primera reforma estructural en nuestro país para constituir el marco para una política de Estado hacia el desarrollo social.
“En la Ley General de Desarrollo Social se puntualizaron los lineamientos y criterios de financiamiento de la política social, de tal manera que los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social se consideran prioritarios y de interés público, por lo que no podrán ser inferiores --en términos reales-- a los destinados en el año fiscal anterior y deberán registrar incrementos, por lo menos, en la misma proporción en que esté previsto el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)”, apuntó.
Zavala Peniche remarcó que el esfuerzo nacional de combate a la pobreza ha propiciado el surgimiento de programas en los que coparticipan los niveles federal, estatal y municipal.
La creación de numerosos programas sociales, prosiguió, plantea la necesidad de legislar para fortalecer la evaluación de los programas sociales estatales y municipales.
“Las experiencias de combate a la pobreza y de ampliación de las oportunidades ha obligado a la creación de programas para garantizar la permanencia de los niños en la escuela primaria y secundaria, a fin de mejorar las condiciones habitacionales, fortalecer la salud y calidad de vida, así como crear seguridad en el hábitat y financiar opciones productivas”, expuso.
La también Secretaria de la Comisión de Desarrollo Social refirió que sólo la generación de ingreso, sustentada en oportunidades de empleo productivo, propicia que las familias superen por sí mismas, de forma autónoma y a largo plazo, los factores que las han sujetado a los más ínfimos niveles de vida.
Por ello, acotó, se hace necesario asignarles un nivel prioritario en la política social.
Zavala Peniche destacó que las circunstancias de la dinámica nacional le presentan a la legislación vigente cuatro retos:
1.- Fortalecer la transparencia sobre quienes son los beneficiarios y acerca de la procedencia, el destino y uso adecuado de los recursos del gasto social.
2.- Garantizar que los recursos del gasto social lleguen a quienes más los necesitan.
3.- Fortalecer la vertiente de programas sociales que coadyuven a generar ingresos para los mexicanos más pobres.
4.- Precisar la normatividad para que los gobiernos estatales y municipales reconozcan en sus promocionales la coparticipación que convienen con la Federación en el uso de los recursos del gasto social.
“Con el fin de que los beneficiarios y las instituciones encargadas del desarrollo social tengan un conocimiento transparente de los beneficiarios y de los programas sociales a nivel nacional, se requiere una normatividad que obligue a estados y municipios a elaborar los padrones y a hacerlos públicos en los mismos términos en que están los federales, particularmente de aquellos programas que se aplican en coparticipación con el Gobierno Federal.
“De ahí que sea necesaria la elaboración de un solo registro de beneficiarios y programas de desarrollo social que incluya a los federales, estatales y municipales”, detalló.
Finalmente, consideró indispensable que los gobiernos locales informen públicamente en sus promocionales sobre el origen de los recursos federales que ejecutan por coparticipación, mediante la firma de convenios únicos de coordinación.