La Comisión Permanente solicitó a la Secretaria de Relaciones Exteriores un informe sobre las acciones que ha tomado el Ejecutivo Federal en torno al programa de vigilancia y espionaje internacional operado por agencias gubernamentales de Estados Unidos.
El pasado 6 de junio, los periódicos The Guardian y The Washington Post dieron a conocer que el Gobierno norteamericano espió de forma permanente, mediante su programa PRISM, a los usuarios de compañías como Facebook, Google o Microsoft, así como a misiones extranjeras.
En los documentos presentados se constató que diariamente se espiaban unas 20 millones de conversaciones telefónicas y 13 millones de comunicaciones en internet, incluidas 38 embajadas, entre ellas las de México, donde los actos de espionaje se habrían dirigido a recolectar datos relativos a las políticas mexicanas de energía, petróleo y seguridad.
Por parte de México, el titular del Ejecutivo Federal expresó el pasado 11 de julio, en la ciudad de Chihuahua, que a través de la Cancillería ya habría pedido a Estados Unidos un informe sobre las versiones del presunto espionaje y descartó que este tema haya dañado la relación bilateral.
Sin embargo, los legisladores consideraron que el programa representa “una intrusión injustificada de los servicios de inteligencia norteamericanos en la vida civil, así como una falta a las normas escritas y consuetudinarias de la diplomacia internacional”.
Además, lesiona los derechos humanos a la intimidad y a la secrecía de los datos personales violentando numerosos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.