“Moches” en el sector público
La diputada federal Lilia Aguilar Gil denunció que México perdió 84 mil millones de pesos en inversiones, debido a que éstos se destinaron al rubro de los “moches” y las “mordidas” para servidores públicos corruptos. Aquí sus palabras textuales pronunciadas desde la tribuna parlamentaria.
“La impunidad pareciera ser una constante de este país, por más que hablamos de corrupción, por más que hablamos de los problemas que aquejan a la nación, pareciera que todo empieza y termina en la impunidad.
Según el Observatorio de la Ciudad de México, el costo de la corrupción, en el sector público, por la asignación de contratos y adquisiciones por el gobierno federal a privados, ha costado al país 100 mil 987 millones de pesos.
México ocupa el muy honroso lugar 103 de 175 en el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional.
Y el Fondo Monetario Internacional estima que un país corrupto recibe hasta 5 por ciento menos inversiones directas de capital extranjero, en comparación con las naciones que no tienen este problema y donde los contratos se asignan de manera transparente y legal, que no es el caso de México.
México, entonces, como consecuencia, perdió 84 mil millones de pesos en inversiones, debido a que estos se destinaron al rubro de los “moches” y las “mordidas” para servidores públicos corruptos.
En nuestro país la justicia no solamente es ciega, discrimina y difícilmente se aplica sobre los que más tienen.
El pasado 7 de mayo, como ya se ha comentado en esta tribuna, se dieron a conocer nueve grabaciones de conversaciones entre directivos de OHL México y el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, en los audios se escucha que los contratos de obra civil lo normal es cobrar un sobre costo de al menos el 25 por ciento de la obra real, en este caso, es un claro ejemplo de la institucionalización de la corrupción en el país, exactamente la corrupción en este país se ha vuelto una institución hecha y derecha.
Se advierten diversos ilícitos relacionados con la obra del Viaducto Bicentenario, como el alza de tarifas injustificadas sobre precio en inversiones y el arreglo de la estancia del ex secretario Apolinar Mena en un hotel de lujo, que ya también se ha comentado en esta tribuna, el costo pasó de ser de 4 mil millones de pesos a 10 mil millones de pesos, y a pesar de las presuntas irregularidades relacionadas con el Viaducto Bicentenario, la justicia mexicana, esa que andamos presumiendo por ahí, impuso apenas a Apolinar Mena una multa de un poco más de un centenar de miles de pesos, cosa que no solamente no es suficiente para el pueblo mexicano, sino que demuestra lo ciega que es la justicia en este país.
El secretario evidentemente no actuó solo, y lo dejan ver así las grabaciones, las prácticas que se mencionan en las mismas no pudieron haberse llevado a cabo por una sola persona, las faltas demuestran que del lado del gobierno hubo más servidores públicos que hicieron uso indebido de sus facultades.
Es, entonces, imperante indagar exhaustivamente sobre las concesiones otorgadas a OHL, y llevar ante la justicia tanto a particulares como a servidores públicos involucrados.
¿De qué nos sirve una reforma en transparencia y anticorrupción, si no podemos aplicarla en nuestra propia casa?
Debemos estar seguros que no hay más anomalías entre las otras obras o concesiones que se le ha dado a OHL, tales como el Circuito Exterior Mexiquense, la autopista Atizapán-Atlacomulco, la autopista Urbana Norte, la Amozoc-Perote, la Supervía Poetas, el Aeropuerto Internacional de Toluca, y la verdad es que no sabemos qué otras, y es parte de este punto de Acuerdo, que se nos informe en realidad, ¿cuál es la relación que tiene OHL con el gobierno, no solamente del Estado de México, sino con el gobierno federal?
Sabemos que los fraudes a la ley son elaborados y diseñados para no ser detectados y que no se pueda seguir la huella del dinero. Se requiere, entonces, pues, una adecuación, investigación financiera para poder rastrear los fondos de la existencia de un acuerdo y obtención de beneficios de algunos servidores públicos.
No debemos ignorar todos los indicios de que esta práctica que está presente con OHL, ya la hemos visto en otros casos de impunidad y corrupción.
La empresa matriz la preside y la controla el ex ministro Juan Miguel Villar Mir, imputado por varios procesos judiciales en España.
Los consejeros mexicanos de OHL están plenamente identificados con el priísmo, Ruiz Sacristán y Reyes Heroles, González Garza, y hasta hace poco aparentemente Lozoya Austin, quien ahora trabaja en PEMEX y le otorga a la empresa tres contratos multimillonarios.
El gobernador del Estado de México se ha negado a ampliar la investigación de OHL afirmando que se pretende politizar el tema. Investigar los casos de corrupción no es politizar el tema, se llama transparencia y se llama evitar la corrupción.
Determinar si hubo o no casos de uso indebido de recursos públicos, es aplicar la ley sin importar quien caiga. La corrupción, pues, debe ser combatida para fortalecer el estado democrático de derecho.
Yo insisto, e insistiré siempre en esta tribuna, que para modernizar a México debemos fortalecer a sus instituciones y al estado de derecho. Entonces, pues, no dejemos que la corrupción se institucionalice en este país.