A pesar de las medidas implementadas por el Estado para mantener la confianza ciudadana en sus autoridades, las prácticas anticorrupción en nuestro país no han brindado los resultados deseables y los índices en la materia son preocupantes.
Por ello un grupo de legisladores federales propuso reformar 16 artículos y adicionar el 66 bis a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público, con el fin de castigar con mayor severidad a los responsables de este flagelo y que, además de la sanción administrativa, enfrenten un proceso legal mayor para reparar los daños cometidos.
"La administración pública debe ser una caja de cristal, en la que el principio de máxima publicidad y transparencia sean los pilares de una cultura de la rendición de cuentas efectiva para la ciudadanía", dijo la diputada federal Dora María Talamante Lemas ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a la que pidió votar por endurecer las sanciones para los infractores.
Ante este escenario, señaló, sometemos a la consideración del Congreso las modificaciones a 16 artículos y una adición al 66 bis de la citada a Ley de Adquisiciones, para reforzar los mecanismos de transparencia, vigilancia y control sobre las adquisiciones que realiza el gobierno federal, ya sea a través de la licitación pública, la invitación o la adjudicación directa.
La diputada federal propuso: "Reforcemos el papel del testigo social para ampliar su espectro de acción y garantizar que los procedimientos administrativos sean transparentes y apegados a la legalidad".
"Refrendamos nuestro compromiso en la búsqueda y desarrollo de distintas formas y proceso que permitan al ciudadano tener acceso y mantenerse informados de todas y cada una de las actividades que se realizan en la administración pública gracias a sus impuestos; con ello lograremos la certeza y confianza de que los recursos son manejados con eficacia, eficiencia y honradez", asentó.
La corrupción es un mal que se encuentra tan arraigado en México, que afecta severamente el desarrollo democrático, social, político y económico de nuestro país, señaló Talamante Lemas, al precisar que el problema involucra valores y aptitudes que tienen un origen muy profundo dentro de la sociedad, "la cual reclama cambios y un combate efectivo que permita reducir este flagelo".
Es indispensable, expresó finalmente, pensar no sólo en sanciones administrativas, sino ir más allá para que quien incurra en una falta, pueda ser sancionado por la vía administrativa, y también enfrente un proceso legal mayor para reparar los daños cometidos.