El mal estado de las instalaciones de agua y saneamiento en las escuelas provoca que los niños y las niñas no obtengan una educación de calidad y afecta la asistencia escolar, afirmó la diputada Lucila Garfias Gutiérrez.
Por ello presentó una iniciativa que pretende reformar el artículo octavo de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La legisladora argumentó que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para el cumplimiento de todos los derechos humanos.
Por esta razón, señaló que el gobierno mexicano, en sus tres niveles, debe incluir entre sus máximas prioridades generar las condiciones necesarias para que la población tenga acceso al agua en las condiciones que ha señalado la ONU.
Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la mejora de los servicios de agua potable podría reducir anualmente el número de fallecimientos en la población infantil, además aumenta el aprovechamiento escolar porque se detectan menos ausencias por enfermedades.
Asimismo, el adecuado suministro de agua potable y saneamiento contribuye en la economía del país, ya que reduce gastos en materia de salud y facilita retornos de inversión en los rangos del dos al siete por ciento del Producto Interno Bruto.
La iniciativa, presentada por la diputada integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez, pretende adicionar el marco legal para materializar este derecho en políticas públicas que hagan realidad la garantía de abastecimiento de agua potable apta para el consumo humano, concretamente para la población infantil en las escuelas públicas y privadas.
Garfias Gutiérrez explicó que esta problemática adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta que con la construcción de la Nueva Escuela Mexicana se contempla la incorporación de más escuelas de tiempo completo, por lo que las jornadas educativas serán más extensas, al igual que las necesidades de agua y alimentación.
Cabe mencionar que la niñez es uno de los principales grupos afectados por el agua contaminada, saneamiento inadecuado y los malos hábitos de higiene, por lo que la provisión de agua potable en las escuelas es la piedra angular para hacer efectivo el derecho humano a la salud entre la comunidad escolar.
Esta iniciativa, subrayó, sería una medida de equidad en la población infantil, ya que según la Encuesta Nacional de Salud del 2011, las familias con mayores recursos económicos y culturales incluyen el consumo de agua entre sus hábitos cotidianos, mientras que las de menos recursos tienen malas prácticas alimenticias con un alto consumo de refrescos y bebidas azucaradas.
De aprobarse esta reforma, también se contribuiría a contrarrestar el sobrepeso y la obesidad infantil, que de 1999 a 2006 se incrementó en nuestro país en un 40 por ciento, factor asociado con la el consumo de bebidas azucaradas que se triplicó en estos mismos años
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en promedio, las familias mexicanas destinan uno de cada 10 pesos de su ingreso total a la compra de refrescos, y en comunidades rurales siete de cada 10 niños desayunan con ese tipo de bebidas.
La legisladora Lucila Garfias abundó que dentro de la Agenda Legislativa del GPNA, uno de los ejes estratégicos es la Educación y la Salud, por lo que están comprometidos en garantizar la educación pública de calidad para las niñas, niños y adolescentes.
Por todo ello, recalcó que es impostergable la obligación que tiene el Estado de garantizar el agua potable en las escuelas y debe quedar establecido en nuestro marco jurídico, en cumplimiento de la mesa redonda internacional sobre agua, saneamiento, educación e higiene para las escuelas (Roundtable on Water, Sanitation & Hygiene Education for Schools), celebrada en el 2010 en Oxford, Reino Unido, en donde el UNICEF advirtió de este problema.