El subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la SEDESOL, Javier Guerrero García, resaltó que la mayor parte de los pobres en México se encuentran en áreas urbanas, ya que de los 53 millones que existen, 36.6 están distribuidos en 131 ciudades.
Explicó en reunión de trabajo con diputados federales, que en las localidades urbanas de entre 15 mil y 100 mil habitantes se tiene el 22 por ciento de pobres, y en aquellas de 2 mil 500 y 14 mil se encuentran 10 millones de mexicanos en esa situación.
Esto motivó al presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, José Alejandro Montano Guzmán, del PRI, para advertirle que la pobreza urbana en México implica retos para la creación de políticas públicas, seguimiento y evaluación de programas de gobierno, así como esquemas de coordinación por parte de los tres órdenes de gobierno.
Pero fue más preciso al señalar, de cara al funcionario, que la SEDESOL tiene el compromiso de contribuir al bienestar social, incorporando la participación ciudadana en los programas de desarrollo integral y urbano-social en materia de educación, desarrollo humano, vivienda, salud, inclusión digital, reactivación de espacios públicos y mejora en las oportunidades de empleo.
Lo anterior, enfatizó el legislador priísta, con la intención de mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y marginación.
Y para ser más concreto en la responsabilidad del actual gobierno federal, dijo que la subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social se debe entrelazar con otras dependencias para generar los espacios que requieren los jóvenes para desarrollarse.
“Es importante que la subsecretaria a su cargo mantenga una estrategia planeada para atender, junto con otras dependencias, asuntos tan relevantes como la seguridad alimentaria”, afirmó el diputado Montano Guzmán.
Ante este escenario, el subsecretario Guerrero García reconoció que el que la mayor parte de los pobres se encuentren en áreas urbanas es resultado de los flujos migratorios y falta de oportunidades educativas y de empleo, por lo que expresó la voluntad del gobierno federal por consolidar una estrategia basada en la participación de las comunidades para implementar las políticas públicas en materia de desarrollo social.