Por Dolores Padierna*
La salida del doctor Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Comisión Nacional de Seguridad Pública del gabinete federal, es una muestra de los desacuerdos internos que dominan la actuación de los responsables de la seguridad pública, justo cuando investigaciones independientes muestran que el gobierno maquilla las cifras de los delitos y que los homicidios continúan por millares pese a la propaganda oficial.
Desde hace algún tiempo diversos medios habían adelantado la renuncia, atribuyéndola a desacuerdos con el equipo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chongo, quien incluso había nombrado a un vocero del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Monte Alejandro Rubido), presuntamente porque no era de su gusto el estilo directo de Mondragón al hacer declaraciones.
A pesar de que el combate a un delito de alto impacto como el secuestro estaba entre las funciones del Comisionado Nacional de Seguridad Pública, hace unos meses se nombró un Coordinador Nacional Antisecuestros (el cargo lo ocupa Renato Sales).
El responsable de la CNSP cumplía también una tarea estratégica en Michoacán, pero fue desplazado por el comisionado nacional Alfredo Castillo, pues al parecer el presidente Enrique Peña Nieto sólo confía en mexiquenses y prefiere funcionarios con poderes extra legales o de dudosa legalidad, a los responsables de las instituciones.
Según el recuento del reconocido semanario tijuanense Zeta, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de enero de 2014, se han registrado en el país 23 mil 640 ejecuciones, producto de la guerra contra el crimen organizado que el gobierno mantiene casi en los mismos términos de la administración anterior y de los choques cárteles de la droga.
*Senadora de la 62 Legislatura