El cambio a la política de protección al medio ambiente, con la creación de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (ANSIPMA), permitirá que empresas extranjeras contaminen el agua, suelo y aire mexicanos para la extracción de hidrocarburos con la técnica del fracking por el uso de químicos y la utilización de enormes cantidades de agua que requiere.
Lo anterior advierte el presidente de la Comisión Sur-Sureste del Senado de la República, Benjamín Robles Montoya, quien además señala que es necesario y urgente un análisis integral de las contradicciones que contempla el paquete de leyes secundarias enviado por el Ejecutivo federal al Senado para la reforma energética.
“Este paquete fragmenta y debilita la política ambiental aplicable a los proyectos de explotación de hidrocarburos y apuesta por técnicas de explotación de hidrocarburos cada vez más dañinas como el fracking, que en muchos países se han prohibido por el riesgo social y ambiental que representan”, aseguró el senador.
“Para entender a cabalidad este caudal de incongruencias hay que analizar de manera integral las leyes propuestas, para desnudar este afán integral de permitir que las empresas hagan y deshagan a su antojo lo que quieran con nuestros bosques, nuestras selvas, nuestros ríos, nuestro territorio”, agregó Robles Montoya.
El legislador federal explicó que estas propuestas de leyes proponen la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y encargada de regular y supervisar la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente en dicho sector.
“Esta medida supondría el debilitamiento y fragmentación de la política ambiental, sin atender ninguna de las deficiencias que la aquejan: es decir, no contempla darle mayor autonomía a la autoridad ambiental, ya que la Agencia no sería un órgano autónomo al depender de la Semarnat y al ser el Presidente de la República quien designe a su titular.
Esta Ley, dijo busca, por un lado, concentrar en una sola instancia la regulación ambiental y la autorización de los permisos en la materia; y, por el otro, los procesos de investigación, inspección y sanción; lo cual pondría en riesgo la objetividad de la Agencia en la toma de decisiones para la protección del medio ambiente, al ser juez y parte en los diferentes procesos.
“De esta manera, la creación de esta Agencia parece responder más bien a un interés de agilizar los trámites para el desarrollo de los proyectos de explotación de hidrocarburos, que a un verdadero interés por asegurar la preservación del medio natural y el bienestar de la población ante estos proyectos”, señaló.
Ante este panorama, sostuvo, patentizamos el compromiso con la población mexicana para poner freno a las prácticas insanas que contemplan las leyes presentadas por el Ejecutivo.
“No cejaremos en la protección del medio ambiento y en la defensa de los derechos humanos de nuestros conciudadanos, buscando en todo momento que la legislación en materia energética se ajuste al interés público del país”, concluyó Robles Montoya.