La transformación de México no concluye con 11 reformas aprobadas y tampoco es mérito exclusivo del presidente Enrique Peña Nieto; el camino aún es largo e invitamos al Gobierno federal a que avance en el mismo ritmo que lo hicimos los senadores y diputados federales, le dijeron en el Congreso, de frente, al secretario de Gobernación Migué Ángel Osorio Chong.

En su respuesta, el funcionario dijo que el camino de México tiene todavía muchos senderos y ofreció que el Gobierno federal seguirá con una relación cercana con los legisladores, porque “sabemos que la transformación que requiere el país necesita de todos y así lo haremos”.

Osorio Chong compareció este martes ante el pleno del Senado de la República para la glosa (comentarios) del segundo informe del gobierno de Peña Nieto y al fijar la posición de los legisladores del Partido Acción Nacional, la senadora Adriana Dávila Fernández expuso lo siguiente:

“Nos hemos propuesto revisar con puntualidad lo relativo a la política interna del gobierno federal. Me parece necesario reconocer, a la luz del Segundo Informe, la aceptación de resultados nulos en las materias que más preocupan y ocupan a los mexicanos: seguridad, economía familiar y combate a la corrupción.

Señor Secretario, llega usted a esta comparecencia en condiciones distintas.  Después de un amplio proceso legislativo que permitió  la aprobación de las reformas estructurales. La mayoría de ellas impulsadas por Acción Nacional durante 12 años.

Curioso, mismos liderazgos, circunstancias diferentes, cambio de visión por el bien de México.  Fuerza legislativa que fructifica en el acuerdo y en la aprobación de las leyes.

Para hablar de estos resultados se ha dicho de todo por parte del gobierno, poco sobre la capacidad y disposición legislativa y con mayor énfasis sobre el oficio político del Ejecutivo. Lo cierto es que esta Legislatura se ha caracterizado por la generosidad y unidad para construir el porvenir posible para México.

Nuestra actuación, para decirlo de manera simple, ha sido congruente. Nosotros no cambiamos estatutos partidistas ni  visión política a conveniencia.  Acción Nacional sólo hizo valer los argumentos que ha defendido por años. En palabras de don Manuel Gómez Morin, recordar constantemente que aquí nadie viene a triunfar ni obtener; que sólo un objetivo ha de guiarnos: acertar en la definición de lo que será mejor para México.

Hacer lo correcto en el presente, para beneficio del futuro. Debe ser lo que oriente a todo gobierno, de ninguna manera el oficio político sustituye esta acción.

Sin duda el camino para hacer lo correcto, es mas largo, mas criticado, no en pocas ocasiones poco rentable electoralmente, pero es el único camino señor Secretario para fortalecer a las instituciones.

En el PAN lo tenemos claro, la oposición ha sido responsable para cambiar la situación del país en los ámbitos laboral, educativo, energético, de telecomunicaciones, político- electoral, de transparencia, de responsabilidades de servidores públicos, por mencionar algunos.

Señalo con puntualidad: la única reforma que no impulsó Acción Nacional es la fiscal.  ¿Resultados? crecimiento raquítico, ajustes a los pronósticos económicos y preocupación de las familias mexicanas porque el gasto no alcanza.  No hay trabajo para subsanar aquello de lo que provee de casa, vestido y sustento.

Los resultados no pueden ser mediáticos, porque los beneficios no llegan a los bolsillos de los mexicanos ni de la economía familiar.  No hay crecimiento económico y eso es una realidad.

Nos preocupa, secretario Osorio, la aplicación y seguimiento de las reformas.  No se pueden presumir avances en distintas materias con cambios cosméticos.  Sólo menciono, para ejemplificar, la aplicación incompleta de la reforma educativa. Aplaudida, apoyada, pero con aplicación parcial a nivel local. Dónde está el seguimiento, dónde queda la corresponsabilidad.

Hace un año, en este mismo recinto, con motivo del informe anterior, usted secretario, mencionó que se iba a privilegiar la política para conciliar y lograr acuerdos. Asimismo, señaló que por mandato presidencial, ejes fundamentales de la política interior sería, uno la reconstrucción del tejido social y, dos, la reconciliación de todos los mexicanos.

A un año de lo dicho, es tiempo de evaluar el camino recorrido.  Necesitamos saber cuál es el avance en la reconstrucción del tejido social, en aquello que el PAN identifica como “suprimir el dolor humano que es evitable”, para  brindar un porvenir con oportunidades reales para todos los mexicanos, que les permita el libre desarrollo de su personalidad.

Cómo vamos en temas de inseguridad, seguridad pública, migración, derechos humanos. De entrada, las cifras no son alentadoras e inclusive, se acompaña --con dichos del presidente Peña-, de una “justificación cultural”, a los graves problemas de corrupción e impunidad, como si fuera una especie de distintivo nacional.

En amplios segmentos del informe, se detallan actividades que se van a realizar del 2014 al 2018 en programas permanentes, como la atención a víctimas, la trata de personas.  Acciones futuras, incluidas en el reporte de lo realizado.

A la luz de lo reportado, el problema es grande, sobre todo por la disfuncionalidad de las instituciones que no cumplen con su deber.

Es más, encontramos una posible sustitución de las instituciones públicas.  Es grave mencionarlo; peor es comprobarlo.  El ejemplo de sustitución es el comisionado asignado a Michoacán que, en su momento, apoyó y llegó a sustituir a un Gobernador mermado en su salud física y maniobra política.  Hoy, hay Gobernador sustituto.  Sin embargo, el comisionado  sigue como gestor y enlace con las dependencias federales. ¿Hasta cuándo señor Secretario?

Es evidente que en diversos casos, la autoridad está coludida, tiene nexos, está infiltrada por la delincuencia organizada.  Hay videos, audios, imágenes; botones de muestra tenemos en Michoacán, Estado de México y Morelos.

Otro caso de sustitución se da en el Instituto Nacional de Migración, porque las nuevas figuras, consideramos, debilitan el ejercicio operativo de supervisión.

No se puede, en aras de la eficacia momentánea, optar por vías que pueden propiciar la ilegalidad, y lo peor, justificarla y promoverla, sin duda muchos gobernadores estarán ansiosos por seguir el ejemplo.

Hace un año, usted sostenía que para beneficiar a la mayoría, se tocarían intereses particulares y se afectarían privilegios. Nada se ha transformado y, por desgracia, la percepción de los ciudadanos es de debilidad institucional.

No hay cómo justificar decisiones políticas ante hechos escandalosos y evidencia pública conocida, que han puesto en tela de juicio las actuaciones de las autoridades, en temas tan delicados como la asistencia social o la posible red de prostitución al amparo del poder público.

El tema de La Gran Familia no puede ni debe terminar con el rescate de víctimas.  Se necesita un informe puntual sobre la situación; se necesita claridad en la aplicación de programas que inhiban estas situaciones de dolor que pueden ser evitadas.

Un derecho de las mayorías es saber que no hay privilegios cuando se aplica la ley, que se aplica la norma sin distinciones.  Por eso, los mexicanos no se explican casos como la libertad de caro quintero, la exoneración del hermano incómodo y, recientemente, el otorgamiento del amparo definitivo para el ex líder de los mineros.

En su momento, usted habló de la política pública en materia de seguridad, basada en la corresponsabilidad de poderes y órdenes de gobierno.  Se mencionó la posibilidad del Mando Único, de los esfuerzos para lograr consensos.  Espero se pueda explicar a esta soberanía qué pasó con ese propósito.

Hace poco el país estrenó la Gendarmería.  No hay claridad en sus atribuciones.  Carecemos de elementos para evaluar. Reitero, ¿hasta cuándo tendremos información precisa?

Hemos dado seguimiento a los denominados polígonos de la seguridad pública, en distintas comunidades y colonias de alta peligrosidad.  Sin embargo, seguro lo ha notado secretario Osorio, las muertes violentas, los números son alarmantes: más de 29 mil muertes dolosas en la presente administración.

Desde 2011, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, acordó conformar una base de datos de personas no localizadas. La administración pasada entregó registro de 26 mil 121 personas no localizadas al 30 de noviembre del 2012.  Aparecieron 17 mil 175 personas, más de 16 mil con vida.

Del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, quedan pendientes más de 22 mil desaparecidos. La búsqueda de los desaparecidos debe ser una prioridad para las autoridades, en cualquiera de sus tres niveles de gobierno.

La Comisión Intersecretarial, conformada por nueve dependencias, invirtió 118 mil millones de pesos en 90 programas municipales. Y sin embargo, la inseguridad no tiene reducciones significativas que garanticen la libre y sana convivencia de los mexicanos, porque tienen miedo, se sienten inseguros.

Cierto es que, ante la carencia de un sistema de información confiable, hay un manejo parcial de las cifras.  Es entendible que el manejo mediático sobre secuestros y robo sea uno, pero no se puede ocultar información a una sociedad cada vez más informada y atenta a los peligros que amenazan la seguridad.  Baste Valle de Bravo para entender la preocupación de los ciudadanos.

La numeraria señor Secretario, no se siente en estados como Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Sinaloa o Coahuila, por mencionar algunos.

Por desgracia, somos referente negativo en cuanto a crimen organizado.  Las oportunidades se pierden.  En el contexto internacional se dice, no inviertan, no vacacionen, no trabajen en México.  Y mucho de esta percepción es la tolerancia a la corrupción, acompañada de ese mal social que es la impunidad.

No se pueden obviar las prácticas ilícitas como la migración de los narcotraficantes a otros delitos de alto impacto: extorsión y secuestro;  robo de combustibles a lo largo y ancho del territorio nacional, entre otros, actos que, por desgracia, son tolerados por la autoridad encargada de combatirlos.

En esta soberanía se puede aceptar que la propuesta de una Comisión Nacional Anticorrupción siga detenida, ¿por qué? quizás el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados nos lo pueda responder. Pero lo inadmisible, secretario, es la carencia, por parte de la autoridad, de medidas y mecanismos de control para hacer frente a este terrible mal. La inacción no puede, ni debe sustituir a una institución.

En materia de respeto a los derechos humanos quedaron fuera del Informe datos sobre las migrantes irregulares que transitan por nuestro país.  Las mujeres son las más vulnerables en los procesos migratorios, son víctimas frecuentes de la trata de personas con fines de explotación sexual. Los esfuerzos de apoyo y atención a los migrantes son insuficientes.

En el país tenemos muchos problemas con los flujos migratorios.  La trata de personas es un delito muy lucrativo.  Reconozco los esfuerzos por combatir, sancionar y erradicar este mal, como también acepto que el marco jurídico actual no contribuye a dejar a los tratantes tras las rejas.  Sé bien, secretario Osorio, que usted ha apoyado las reformas aprobadas por esta soberanía en febrero de este año. 

Celebro que el tema esté incluido en las agendas parlamentarias de distintos grupos en la Cámara de Diputados; lamento que aún no hayan sido aprobadas.

México está llamado, por instancias internacionales, a revisar su actuación en materia de derechos humanos.  La libertad de los mexicanos no puede estar sometida a intereses particulares.  Las y los ciudadanos se sienten vigilados, secuestrados en su intimidad.

La libertad de expresión no puede ser un privilegio.  Extraña no ver a cuadro a distintos comunicadores que, por decir lo menos, resultaban críticos incómodos.  No debe existir, ni como insinuación,  un regreso al autoritarismo, que marcaba línea o definía contenidos en los medios de comunicación.  El silencio en algunos casos y temas es contradictoriamente escandaloso.

El gobierno debe garantizar la vida y seguridad de los periodistas, porque no deben ejercer su profesión en un estado de terror, pero también su libertad para saber qué es lo que piensan.

Señor Secretario, para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, es necesario el pleno establecimiento del estado de derecho; luchar frontalmente contra la corrupción y dar muestras claras de que la impunidad será vencida. Eso será posible con transparencia, rendición de cuentas y voluntad política. No para beneficiar ni dar privilegios a unos cuantos, sino para corregir la deformación social del presente y brindar oportunidades a las nuevas generaciones. 

No debemos permitir que los jóvenes piensen, sientan que están condenados al fracaso.  Que es injusto nacer en un México que simula el progreso.  Debemos luchar y aportar para que tengan igualdad de oportunidades.

En Acción Nacional hemos luchado por fortalecer a las instituciones.  Construir instituciones significa transitar por el camino largo, con costos políticos y desgaste.  La transparencia es un paso fundamental en este propósito, la voluntad política una condición ineludible y la vocación de servicio una tarea permanente.

En días pasados, el presidente Peña Nieto dijo que el Pacto por México dio de sí, me parece que es limitar la capacidad política.  Tenemos mucho camino por recorrer, hay muchos y variados compromisos que fueron signados en ese diciembre del 2012. Avancemos Secretario, concluyamos el trabajo.

Por último, le decimos que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional atenderá con puntualidad la iniciativa preferente relativa a la niñez.

Trabajaremos para enriquecerla, para garantizar que los derechos humanos de los menores sean respetados, y procurarles mejores condiciones de vida. De hecho muchas propuestas al respecto están ya planteadas por el PAN en este Senado.

Tutelar que cada niña y niño mexicano tenga derecho al libre desarrollo de su personalidad en compañía de sus padres y/o tutores. Tanto derecho tiene un padre, como lo tiene una madre de velar por el desarrollo integral de los menores, a través de la convivencia cotidiana.

Señor Secretario, encontrará siempre en el Grupo Parlamentario del PAN, disposición para conocer, analizar y proponer modificaciones o impulsar leyes que fortalezcan el marco jurídico. Queremos contribuir a la atención de los graves, complejos problemas que aquejan y preocupan a todos los mexicanos: inseguridad, economía familiar y combate a la corrupción, de hecho lo estamos haciendo.

Pero también pedimos que ante la falta de generosidad de diversos actores en el pasado, hoy presentes, para avanzar en temas que hoy están siendo atendidos haya la humildad y compromiso de reconocer el papel de la oposición en los cambios que México necesita.

La transformación de este país no concluye con 11 reformas aprobadas, tampoco es mérito exclusivo del Ejecutivo federal, el camino aún es largo e invitamos al Gobierno federal a que avance en el mismo ritmo que lo hizo el Poder Legislativo”.