La presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, acusó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de mentir en sus informes y para demostrar los hechos emitió el siguiente documento:
“Con respecto al Boletín 020/2016 emitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) con fecha 14 de marzo de 2016, donde asegura que dicha institución no ha entregado ningún recurso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral ni de su presupuesto ordinario a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH) y/o a su director ejecutivo José Antonio Guevara Bermúdez, nos permitimos puntualizar lo siguiente:
1. El Comisionado Presidente Jaime Rochín aparentemente desconoce la información al interior de la CEAV, ya que en documento público[1] este organismo desglosa los pagos efectuados con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, en los cuales se encuentran los diversos realizados con origen en las Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 87/2011[2] y 52/2012[3], mismos que ascienden a más de 21 millones de pesos
2. Es de resaltar, que las dos Recomendaciones antes señaladas fueron presentadas y defendidas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH) dirigida por el Señor José Antonio Guevara, si bien la entrega de los fondos por ley se realiza directamente a los quejosos, no existe transparencia de cuáles son los convenios entre la CMDPDH y dichos quejosos.
3. No sería la primera vez que la CMDPDH realice un cobro por sus servicios, como es el Caso de Rosendo Radilla en donde probamos que recibieron un pago, por lo menos de 25,000 dólares, tal como consta en Sentencia de 23 de noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando se ostentan como una Asociación Civil sin fines de lucro.
En atención a lo anterior, exigimos que exista una regulación de los convenios que gestionen fondos tal como existe en algunos estados de E.U.
Por lo que corresponde a la afirmación de que ninguna de las personas relacionadas con delitos de secuestro y tortura ha sido reparada ni se encuentra en proceso alguno para lograrlo, nos extraña que el Comisionado Presidente sea ajeno a los procedimientos internos de la CEAV, ya que el párrafo 180, página 62 de la Recomendación 33/2015[4] de la CNDH (sobre el caso de los 4 presuntos secuestradores de Rosarito Baja California) a la letra señala:
“En el presente caso, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó que derivado de la solicitud que realizó la SEDENA mediante oficios DH-6203 y DH-IV-7939 de 27 de abril y 27 de mayo, ambos del 2015, se les reconoció la calidad de víctimas directas a V1, V2, V3 y V4, mismas que fueron inscritas el 3 de julio de 2015 en el Registro Nacional de Víctimas (que pertenece a la CEAV).”
Queda probado lo dicho por Alto al Secuestro, continuaremos con el esfuerzo de transparentar todos los aspectos que tienen que ver con las víctimas del delito, ya que de lo contrario se generan incentivos perversos contra las víctimas”.