Acusan senadores
El senador Miguel Barbosa Huerta aseguró que el documento de trabajo presentado por la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana para el inicio del proceso legislativo del andamiaje legal del Sistema Nacional Anticorrupción achica los propósitos y los alcances contenidos en la reforma constitucional.
En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores del PRD advirtió que en un primer análisis del documento se observa la reducción del Sistema Nacional Anticorrupción a una mera instancia de coordinación institucional de las autoridades encargadas, de prevenir, investigar y perseguir los delitos de los servidores públicos o de hechos vinculados a corrupción.
Sostuvo que se desnaturaliza la esencia del Sistema Nacional Anticorrupción y se llevan todas las facultades al control de la Secretaría de la Función Pública, “porque es la Secretaría que se controla desde la Administración Pública Federal”.
En materia de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, Barbosa Huerta dijo que se trata de manera muy protectora al servidor público, pues muchas de las conductas que deben ser consideradas como faltas administrativas graves no se consideran así en la propuesta.
Es decir, deja la competencia para imponer sanciones sólo a cargo de la Secretaría de control Interno o de los entes de control interno de cada institución federal que se replica a nivel de los estados.
Destacó que tampoco se hace obligatoria en la Ley General de Responsabilidades hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, lo que contraviene al Artículo108 de la Constitución, donde ya está establecido.
“Para la propuesta del Gobierno, sigue siendo una potestad del servidor público, una potestad para decidir si se hace pública o si no se hace pública”, indicó.
En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, el senador Miguel Barbosa señaló que se elimina la posibilidad de la auditoría en tiempo real y para asuntos concluidos del mismo periodo fiscal aún no terminado.
“No alcanza eso que fue tan importante para que la Auditoria Superior de la Federación pudiera auditar el ejercicio de recursos donde se están gastando, no cuando se terminaron ya de gastar”, enfatizó.
Y en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa destacó que se deja funcionando como está, pero se le impone una carga enorme al volverlo un juzgado donde se debe de substanciar todo el procedimiento.
“Lo entiendo perfectamente, y así lo estoy diciendo, que es la propuesta del Gobierno Federal la que circuló en ese llamado primer documento, y ese primer documento elimina lo que para nosotros es irreductible”, apuntó.
Miguel Barbosa Huerta informó que el Grupo Parlamentario del PRD no está dispuesto a negociar las faltas administrativas de los legisladores en el asunto de los moches y las faltas administrativas en la representación de intereses de litigios.
Y se pronunció a favor de que el proceso de construcción, análisis y discusión del dictamen se realice de manera abierta, sin reuniones en lo oscurito y con la máxima publicidad.
“Estamos a favor de fortalecer la transparencia en todos los asuntos del Senado mexicano y del Congreso mexicano, y vamos a ir dando la información de todo”.