Los senadores panistas Francisco García Cabeza de Vaca, Adriana Dávila Fernández y el diputado federal también panistas Alberto Díaz Trujillo, se presentaron este jueves ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para denunciar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, a quien acusan de arbitrario y prepotente.
Aquí la versión textual de la senadora Dávila: “Acompañamos a Sonia Leslie del Villar y Nidia Valdez Sánchez a interponer la queja, porque ambas son ex delegadas de la Profeco en los estados de Hidalgo y Guerrero, respectivamente.
“Esta queja fue interpuesta por actos de intimidación, violación al principio de presunción de inocencia por parte del procurador Federal de Consumidor, Humberto Benítez Treviño, quien en una actitud prepotente, majadera, violatoria de los derechos humanos, con actos de intimidación, presionó de tal forma a las delegadas para presentar sus renuncias al cargo de delegadas, entendiendo que los ciclos políticos pueden terminarse, más no así el derecho que ellas tienen a ser tratadas con dignidad en sus derechos humanos.
“Esta queja que fue interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos viola en perjuicio de ellas el derecho humano relativo a la garantía de audiencia previa, el cual establece que en todo proceso administrativo o juicio legal, los involucrados tendrán derecho a ser oídos por la autoridad correspondiente, derecho que le fue negado a ambas ex funcionarias.
“Se vulnera, también, el principio de legalidad que todo procedimiento debe tener, consistente al respeto a la persona, la familia, el domicilio, los papeles o posesiones y que para ser molestado en tales elementos, se requiere la existencia de un mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, pues en el presente caso, o en los presentes casos, se realizaron una serie de actuaciones sin darles a ambas servidoras la oportunidad de defensa alguna.
“Se viola, también, el derecho humano de presunción de inocencia, el cual establece, conforme al artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sobre toda persona imputada debe presumirse su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por un juez de la causa.
“Las autoridades responsables contra las que se emitieron una queja, reiteramos, es al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Humberto Benítez Treviño; al titular de la Dirección General de Delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Silvio Lagos Galindo; al titular del Órgano Interno de Control de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Rafael León Barrios; al titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Manuel Eduardo Tirado Becerril; al titular de la Unidad de Comunicación Social de la Procuraduría Federal del Consumidor; al subprocurador Jurídico de la Profeco, y al titular de la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos.
“Todos esos funcionarios, en una forma arbitraria violaron los derechos humanos de ambas ex funcionarias y nosotros hoy lo que queremos hacer patente es que esta actitud recurrente, tal pareciera que el procurador no entiende que ya no es procurador de Justicia del estado de México y que tampoco trabaja ya para Carlos Salinas de Gortari ―bueno, quién sabe― y que para nosotros es fundamental que el respeto a los derechos humanos pueda respetarse, que pueda darse a conocer bajo qué circunstancias un funcionario público puede ser despedido de cualquier dependencia”.