En reunión de trabajo con ex braceros, los diputados presidentes de las comisiones de Asuntos Migratorios y de Reforma Agraria,Gonzalo Guízar Valladares (PES) y Jesús Serrano Lora (Morena), respectivamente, ofrecieron su apoyo para coadyuvar a resolver los problemas de estos grupos que demandan justicia social y el reconocimiento de sus derechos.
Ex braceros y familiares, representados por la Coordinadora Binacional de Organizaciones de Ex braceros y Migrantes 1942-1964, expresaron su descontento frente a las injusticias que ese sector ha padecido por años y solicitaron que no se les excluya del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, como se ha hecho en los últimos tres años.
El diputado Guízar Valladares se comprometió a rescatar los recursos del fondo de apoyo a migrantes, ya que, precisó, para el 2016 no viene destinado ninguno en este tema. “Será nuestra lucha en la tribuna y esperamos tener el apoyo de la mayoría de los legisladores para reetiquetar este asunto”.
Es importante que se comience a saldar ese pendiente, aunque no esté considerado en el presupuesto de gasto público del 2016, subrayó el legislador.
Precisó que en 2005 la deuda con cada ex bracero representaba alrededor de 3 mil dólares, “hoy esa cantidad que se está destinando en el fideicomiso es de 2 mil 300 dólares, es decir, no se ha estimado el factor inflacionario”.
El presidente de Asuntos Migratorios consideró como “un compromiso histórico el que tenemos con los ex braceros y una oportunidad de servicio para reivindicarnos como legisladores desde las diferentes expresiones parlamentarias; debemos buscar que haya un método para registro de los ex braceros y que sea legítima la expresión donde se va a pagar”.
Se deberá apoyar al gobierno federal a contar con un padrón único y definitivo, porque no tenerlo “se presta a que se pueda hacer mal uso para duplicar esfuerzos y personas”.
Ofreció abrir una subcomisión de trabajo para avanzar en el tema y atender lo que esté al alcance de dicha instancia legislativa. “Sería el inicio para retroalimentarse en este asunto, independiente del turno que se le dé a la comisión especial”.
Por su parte, el legislador de Morena, Jesús Serrano Lora, dijo que en ese asunto no hay colores ni partidos, “somos diputados federales al servicio de la patria y cuenten con nuestro apoyo”. La comisión que preside trabajará para crear acuerdos comunes y hacer justicia para esos grupos.
Anunció que el próximo miércoles se llevará a cabo, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, un foro al que asistirán distintas organizaciones convocadas, para exponer sus principales necesidades ante los legisladores y encontrar propuestas que procuren justicia.
Los ex braceros y sus familiares solicitaron reasignar recursos para cada trabajador por 60 mil pesos, aproximadamente, ya que los 38 mil pesos que se tenían estimados en el 2005, “es una cifra muy inferior a lo que asciende la deuda”.
Demandaron crear una comisión especial que dé seguimiento a los trabajos del Fideicomiso de Ex braceros 1942-1964; conocer los mecanismos de selección de la lista de ex braceros; apertura de nuevas listas para recepción de documentos; implementación de entrevistas a ex braceros que perdieron documentos, y que la Auditoría Superior de la Federación dé seguimiento al tema. Además, llevar a cabo una reunión con ex braceros de Estados Unidos, y que no se cierre el programa bracero.
Rosa Martha Zárate Macías, de Alianza de Ex Braceros del norte, Colton, California, Estados Unidos, precisó tres principales temas “de urgencia” que el gobierno debe atender; por un lado, que en el Presupuesto 2016 se asegure la entrega de apoyo social a los más de 40 mil ex braceros, toda vez, que la mayor parte de ellos ya entregó documentación original y cuentan con un folio que los avala como acreedores de dicho apoyo.
Consideró necesario implementar un método de entrevista para ex braceros –viudas o hijos- que por cualquier motivo hayan extraviado los documentos que exigen las Reglas de Operación para reclamar su fondo de ahorro. Asimismo, pidió al Congreso que los casos de ex braceros y sus familiares que radiquen en el exterior, sean atendidos por los Consulados.
Efraín Arteaga Domínguez, dirigente de ex braceros de Zacatecas, indicó que en el Presupuesto del siguiente año deben asignarse 2 mil 523 millones 306 mil pesos para pagar el apoyo social a las 40 mil 087 personas que ya cuentan con un folio, y a quienes el gobierno debió haber pagado desde el año 2013.
Se debe modificar el texto en la ley para reconocer los derechos de los ex braceros que no cuenten con sus documentos. Ahora debe integrarse una comisión especial que dé seguimiento a los fondos de trabajadores mexicanos braceros, ya que la legislatura anterior no hizo caso.
En su participación, Mario Silva Franco, del Comité Prodefensa del Ex Bracero México D.F, comentó que “el común denominador de los ex braceros del país y aquellos que están fuera de nuestras fronteras, es la sed de justicia”.
Martha Ofelia Lugo, coordinadora de ex braceros en Baja California, expresó que se han violado muchos derechos de esos grupos. “Aún en años recientes se ven abusos flagrantes en contra de los ex braceros; es necesario hacer justicia”
Josefina García Gaytán, coordinadora de la Central Campesina, Urbana, Democrática y Popular, manifestó que urge hacer acuerdos que beneficien a todos los ex braceros. “El gobierno ha sido insensible, hoy queremos soluciones y justicia”.
Alfonso Lozano Sánchez, coordinador estatal de la Alianza Binacional Bracero Proa, refirió que la afectación a los braceros es un robo a la nación; no es posible que a más de 70 años sigamos luchando –hijos y familiares-, por los derechos de los obreros mexicanos.
“Estamos luchando por la devolución del 10 por ciento del Fondo de Ahorro Campesino y Ferrocarrilero; no podemos aceptar un fraude tan escandaloso. Pidió a los legisladores ser portavoces de las exigencias e inconformidades de los afectados”, agregó.
Eutimio González Díaz, del Frente Único de Trabajadores Migrantes A.C, explicó que los ex braceros aún mantienen la esperanza de recuperar lo que se les prometió en el último documento que emitió la Secretaría de Gobernación. “El Estado no entiende a los actores que se involucran en esta lucha; no sólo son los ancianos que aún esperan disfrutar sus derechos, sino sus hijos, hijas o esposas”.