Prohibir de inmediato el transporte en unidades de doble remolque (fulles) de sustancias peligrosas altamente tóxicas, y en un periodo máximo de cinco años las operaciones de estos vehículos que trasladan combustibles, propuso un panel de expertos a la Comisión de Transportes, que preside Juan Carlos Muñoz Márquez.
En la reunión, en la que estuvo el subsecretario de Transportes de Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Carlos Almada López, el grupo de especialistas conformado a partir del acuerdo de entendimiento, suscrito el 2 de mayo de 2013 entre la SCT y las principales cámaras y asociaciones del subsector del autotransporte, dio a conocer los resultados del análisis de la norma NOM-012-SCT-2-2008.
Dicha norma se refiere al peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal.
Se planteó prohibir la incorporación de nuevas unidades doblemente articuladas para esa actividad y propiciar el uso gradual de ductos y del ferrocarril para trasladar sustancias peligrosas, principalmente combustibles.
Además, equipar los fulles con tecnología de punta que abone a la seguridad, como gobernadores de velocidad, cámara de video, bloqueador de señal telefónica en cabina, suspensión neumática, localizadores GPS, frenos ABS y sincronizador de frenado, así como adoptar nuevas tecnologías para vigilar y supervisar el autotransporte e imponer sanciones por exceso de peso y velocidad.
Crear un organismo descentralizado de la SCT que atienda la problemática de la siniestralidad vial del autotransporte y elabore el Plan Nacional de Seguridad Vial, que establezca mecanismos para obtener información sobre las causas y consecuencias de los accidentes, identificar los sitios de alta incidencia e implementar medidas preventivas y correctivas con la participación de los tres niveles de gobierno.
También, regular la circulación de los fulles en zonas de alta densidad poblacional; establecer horarios determinados y vías específicas, y diseñar políticas de fomento a la inversión para establecer centros de distribución para la recepción de la carga fuera de las ciudades.
Los expertos propusieron promover la revisión y actualización del marco jurídico aplicable, como la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, y el Reglamento Interior de la SCT, entre otros, además de diseñar y expedir Normas Oficiales complementarias para adecuarlos a las características actuales de los vehículos del subsector.