Este miércoles empezó el proceso de “consulta” de las iniciativas en materia de telecomunicaciones, bajo un programa y calendario tendencioso y apresurado que han impulsado los senadores Javier Lozano, Alejandra Barrales y Graciela Ortiz, presidentes de las comisiones dictaminadoras, y que fue aprobado por mayoría el lunes pasado.
Así lo denunció el aguerrido senador Javier Corral Jurado, al sostener que la actitud adoptada por estos legisladores en el proceso de dictamen, reitera el carácter eminentemente empresarial-gubernamental en el que está basada la elaboración de la iniciativa y que así se reitera en la lista de supuestos expertos y/o independientes convocados a las audiencias.
Aquí sus palabras textuales: “Es necesario señalar que en términos de la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión enviada por el Ejecutivo Federal, se dice que para su elaboración “se recibieron más de 33 propuestas por parte de diversos actores de la industria y de la sociedad en general”, aunque sólo se enlista a las siguientes organizaciones empresariales:
Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Conforme a lo anterior resulta notorio el desequilibrio respecto de las partes consultadas, pues no obstante que se menciona que entre las 33 propuestas se recibieron algunas de “la sociedad en general”, lo cierto es que ninguna organización de la sociedad civil fue consultada, como tampoco lo fueron (al menos no hay registros ni reportes de que así haya sido) los medios públicos, y dentro de estos, los de las Instituciones de Educación Superior, ni las organizaciones defensoras de los derechos humanos y mucho menos agrupaciones relacionadas con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Ahora bien, dentro de la lista de “posibles invitados al foro sobre la Ley de Telecomunicaciones” aprobada por las comisiones dictaminadoras, es notorio el desequilibrio entre los invitados, pues el 62% son concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones o representan los intereses gremiales de los mismos (19 invitados), entre ellos el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, que si bien es una Asociación Civil, mantiene un estrecho vínculo con los intereses de Televisa.
Además, se vuelve a invitar a las mismas agrupaciones empresariales que según la exposición de motivos fue consultada para la elaboración de la Iniciativa, es decir, a la CIRT, la CANIETI y la CANITEC.
No se observa una sola invitación para las Instituciones de Educación Superior, pues si bien hay algunos académicos que pertenecen a algunas de éstas, no son necesariamente expertos en estos temas, como son los casos de Francisco Guerrero Aguirre (Universidad Anáhuac) y José Fernández Santillán (ITESM), en tanto que otros, si bien se han destacado por sus aportaciones a la discusión (Raúl Trejo Delarbre, Octavio Islas y Pedro Salazar, todos ellos de la UNAM), resulta indispensable un posicionamiento institucional y no a título personal o individual.
Por otra parte, se pretende invitar a despachos de consultoría, como es el caso de The Competitive Intelligence Unit y Signals Consulting, que no pueden considerarse dentro de las organizaciones de la sociedad civil.
No hay una sola organización vinculada con la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables, como es el caso de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el Consejo Consultivo de Pueblos indígenas de Oaxaca (CCPIO) y la Red por los Derechos de la Infancia.
Tampoco organizaciones relacionadas con la defensa de los derechos de libertad de expresión, derecho a la información y acceso a tecnologías de la información, como Artículo 19, FUNDAR y el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia; así como de defensa de consumidores, como El Poder del Consumidor y Al Consumidor.
Como organizaciones de la sociedad civil, propiamente dichas, sólo se pretende invitar a 4 (AMEDI, AMARC, AMIPCI y A FAVOR DE LO MEJOR).
Cabe advertir que dentro de esta categoría no puede agruparse a los sindicatos de industria y mucho menos de una empresa en particular (STIRT, SITATYR y Telefonistas), como tampoco a las asociaciones académicas, cuya presencia se celebra y su opinión tendrá un gran valor como es el caso del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC) y la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), pero que tampoco son organizaciones de la sociedad civil, al igual que los casos de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).
No se trata, de ninguna manera de limitar la participación de los concesionarios, interesados en la Ley como lo hizo notar en la reunión de las comisiones dictaminadoras del pasado 31 de marzo, el senador Omar Fayad Meneses del Partido Revolucionario institucional (PRI), pero tampoco puede descalificarse de manera burda a la sociedad civil.
No, al menos, como si los ciudadanos no tuvieran importancia, como lo hace suponer lo dicho por el senador Fayad, quien señaló que quienes no tienen interés porque no se afectarán sus intereses, no deben ser invitados, descalificando de esa manera al conjunto de la sociedad, que son los verdaderamente afectados por la iniciativa que se pretende dictaminar, pues todos somos, de una forma u otra, usuarios de servicios de telecomunicaciones y audiencias del servicio público de radiodifusión.
Mucho menos puede desestimarse la participación de los relatores de libertad de expresión, tanto de la Organización de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.