El crecimiento desordenado de las ciudades ha conducido a centros urbanos disfuncionales e insustentables que generan cinturones de miseria y marginación, pero no obstante esta situación en nuestro país no existe una política integral de suelo y reservas territoriales que eviten la especulación de inmuebles y los procesos de “expansión anárquica” de las urbes.
Ante este panorama, el Senado respaldó un dictamen para que el Ejecutivo Federal promueva programas de vivienda a partir de la planeación para el desarrollo regional y la ordenación urbana y territorial.
Entre otros puntos, el proyecto que reforma la Ley de Vivienda sugiere que el Ejecutivo impulse los mecanismos de planeación que permitan identificar las prioridades comunes y conjuntar recursos para financiar los proyectos en este sentido.
Lo anterior, a través de la Comisión Nacional de Vivienda y las entidades de la administración pública federal.
Además, propone esquemas institucionales de coordinación intergubernamental e interestatal en las zonas urbanas con el propósito de hacer viable la convivencia en espacios “que exhiben la diversidad social, política y cultural de la nación”.
Los senadores consideraron que la política nacional en el rubro debe sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más desarrollados con los de menor grado de desarrollo y permita corregir las disparidades regionales y sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas.
Señalaron que los programas y políticas públicas para el desarrollo habitacional “no han contribuido suficientemente a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, mucho menos, ha permitido planear de manera adecuada la vivienda rural en las zonas más marginadas de nuestro país”.
El componente regional, enfatizaron, es fundamental para planificar el ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano, así como para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios básicos necesarios que deben acompañar a las viviendas y la regulación de “un mercado que presenta acaparamiento y especulación”.
El dictamen fue avalado con 72 votos a favor y se canalizó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.