La Cámara de Diputados aprobó el documento que reforma la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una legislación única en materia de justicia penal para adolescentes.
Asimismo, para que la Federación y las entidades del país establezcan, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho.
Este sistema garantizaría los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de individuos en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Los menores de doce años, a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.
También se establece que el proceso en la materia será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas, las cuales deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción.
Las reformas a los artículos 18 y 73 de la Carta Magna, aprobadas con 398 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, se enviaron a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales.
En la fundamentación, el diputado Alejandro Sánchez Camacho, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, resaltó que con este proyecto se pretende garantizar de forma contundente el respeto a los derechos de los adolescentes y que la reinserción social evitará que se desarrolle aún más el potencial delictivo.
Mencionó que el sistema oral será más ágil y respetuoso de los derechos en todas las etapas del proceso; los operadores deberán estar capacitados para el desempeño de sus funciones; la investigación de los delitos se realizará con métodos científicos y se regirá por el principio de presunción de inocencia.
Aclaró que no sólo se trata de instaurar un proceso con las debidas garantías, sino de desarrollar un sistema especializado, comprensivo y sensible de la situación, capaz de otorgarles a los adolescentes oportunidades reales de asumir sus responsabilidades y encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar sus virtudes y potencialidades.