En la sesión del pasado miércoles de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Ricardo Mejía Berdeja presentó la iniciativa de ley que reforma los artículos 12 y 55 al 58 de la Ley General de Educación, con el objetivo de garantizar la calidad educativa y poner un freno a la proliferación de escuelas "patito", misma que se vio cuestionada por los datos publicados en semanas recientes.
Al darse a conocer que en los últimos seis años se sancionó el 45.6 por ciento de los programas avalados por la SEP, por falta de calidad educativa, es decir 7 mil 84 programas de licenciatura, maestría, doctorado y especialidades, el legislador expresó que es necesaria “una verdadera reforma educativa que tenga al centro todos los aspectos que intervienen en la calidad de la educación, desde las condiciones que permiten el acceso y permanencia al sistema educativo, pero también los planes y programas de estudio con criterios que correspondan a un proyecto nacional educativo, harían de la educación un real motor de desarrollo nacional.”
Asimismo, en la exposición de motivos de dicha iniciativa se reconoce que “el 90 por ciento de las universidades particulares con RVOE federal, otorgado por la SEP, se ubican en los niveles uno y dos de calidad en una escala de cinco; es decir, que funcionan sólo con los requerimientos mínimos que establece la ley, y un 10 por ciento se ubica en los tres niveles superiores de excelencia académica” .
"Urge poner un freno al incremento de escuelas privadas de educación superior que no cuentan con estándares de calidad o con reconocimiento oficial y que, incluso, muchas de ellas han sido sancionadas por no cumplir, se requiere se difunda cuáles son para que no sean sorprendidos jóvenes estudiantes ni sus padres que costean con esfuerzo estos estudios y son engañados", argumentó Mejía Berdeja.
En dicho tenor, una de las modificaciones importantes a la Ley General de Educación propuestas es la referente a establecer la obligatoriedad de la publicación de las listas a las instituciones a las que se otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos, “en virtud de ello, es urgente que la SEP a nivel federal concentre la información y difunda por todos los medios, cuáles son las instituciones educativas que han sido sancionadas o a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial. Hay que detener todo fraude educativo que perjudica a la juventud y las familias mexicanas”, concluyó el legislador federal de Movimiento Ciudadano.