· Se busca revertir las condiciones de los centros de reclusión de nuestro país.
· Prevalece el tema de sobrepoblación, la falta de personal capacitado y deficiencias en la prevención de probables violaciones a los derechos humanos.
El Senado de la República exhortó al Ejecutivo federal, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que fortalezca la estrategia nacional y reoriente las políticas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
El dictamen tiene el objetivo de revertir las condiciones de los centros de reclusión de nuestro país que se desprenden del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Dicho diagnostico no refleja cambios significativos entre 2013 y 2014, prevaleciendo el tema de sobrepoblación y la falta de personal de manera constante, así como el porcentaje mayoritario de población que se encuentra aún en proceso, frente a un porcentaje minoritario de población sentenciada.
En los centros estatales, las deficiencias detectadas se refieren a la no separación entre procesados y sentenciados, a la falta de personal capacitado y con un salario acorde a la actividad que desempeña, así como insuficiente suministro de equipamiento.
Se detectaron también deficiencias en la prevención de probables violaciones a los derechos humanos, así como inexistencia de procedimientos para la remisión de quejas de los internos ante la CNDH.
Por tal motivo, resulta fundamental garantizar el control y seguridad de los centros penitenciarios del país para evitar fugas y motines; abatir la corrupción; y romper vínculos de los internos con organizaciones delictivas que operan tanto dentro como fuera de los centros.
Es primordial la participación conjunta de los Poderes de la Unión para desarrollar e implementar políticas públicas penitenciarias tendientes a garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos, a fin de que los internos lleven una vida digna durante el tiempo de privación de la libertad y se generen las condiciones que eviten su reincidencia, garanticen su reinserción y se contribuya así a la prevención social del delito.