El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) firmaron un convenio de colaboración, con el objetivo de intercambiar información sobre los servidores inhabilitados para desempeñarse en el servicio público y garantizar que los aspirantes a los cargos de responsabilidad no hayan sido objeto de sanción.
El convenio suscrito por José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente de la Sala Superior, y Julián Alfonso Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, permitirá obtener las constancias electrónicas de quienes pretendan ingresar al servicio público y evitar contratar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para desempeñar un cargo, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos.
Luna Ramos señaló que la máxima transparencia es un instrumento eficaz para sembrar confianza y certeza en la justicia electoral, por lo cual es necesario establecer mecanismos que garanticen la posibilidad de contar con funcionarios honestos y así cerrar el paso a la corrupción y a las malas prácticas.
Acompañado por el magistrado de la Sala Superior, Pedro Esteban Penagos López, Luna Ramos explicó que en el TEPJF, las exigencias de la honestidad no terminan en la selección del personal, por ello, la Visitaduría Judicial y la Contraloría Interna del TEPJF realizan una constante revisión de la conducta de sus integrantes, para evitar cualquier factor personal que ponga en duda la rectitud en el desempeño del organismo jurisdiccional.
Puntualizó que la integridad de un órgano público tiene lugar en la medida que las conductas individuales de sus miembros se apeguen a los valores de la probidad y el decoro”, de tal forma que el intercambio de información permitirá garantizar que la plantilla laboral sea especializada en su labor, pero también honesta en su desempeño, ya que el talento y la rectitud son valores que van de la mano, en el ejercicio de una función tan delicada como la jurisdiccional electoral.
Aseguró que el convenio signado se suma a las acciones desplegadas en materia de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, que estableció el TEPJF este año como su eje rector, con el objetivo de que las funciones desarrolladas en el ámbito jurisdiccional y administrativo observen los principios que dicta la ética judicial.
El intercambio de información permitirá contar con funcionarios honestos, serios y responsables
Por su parte, Olivas Ugalde manifestó el interés compartido por perfeccionar el proceso democrático y transparentar el ejercicio gubernamental, por lo que a través de este acuerdo se actuará con estricto apego a lo que dicta la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para evitar la selección, contratación, nombramiento o designación de quienes se encuentran impedidos para desempañarse en puestos públicos.
El encargado del Despacho de la SFP mencionó que la dependencia a su cargo, a través de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, tiene entre sus atribuciones la de recabar, integrar y analizar la información de las sanciones impuestas a los funcionarios que remitan las dependencias, entidades, la Procuraduría General de la República (PGR), así como los organismos constitucionales autónomos, los Poderes Legislativo y Judicial y los gobiernos de los estados.
Olivas Ugalde informó que la SFP tiene un amplio registro de servidores públicos que han sido sancionados, por lo que resulta necesario realizar un intercambio de información oportuno y sustantivo con los tres niveles de gobierno para que puedan reclutar personal que cumpla de manera óptima con sus obligaciones.
De esta manera –precisó- la SFP y el TEPJF unen sus esfuerzos para garantizar funcionarios que trabajarán de manera transparente, seria y responsable en favor de la ciudadanía, lo que contribuirá a consolidar la madurez de las instituciones. Reiteró que en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, presidente de la República, se han aplicado 18 mil 093 sanciones a 15 mil 323 servidores públicos.
En la firma de convenio estuvieron presentes Jorge Enrique Mata Gómez y José Izcóatl Bautista Bello, secretario Administrativo y contralor Interno del TEPJF, respectivamente, así como Javier Vargas Zempoaltécatl, director General de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP.