El presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, diputado Gustavo González Hernández, denunció que los vales (de papel y electrónicos) utilizados por los trabajadores para el canje de bienes y servicios, están siendo objeto de falsificaciones, robos, fraudes y alteraciones.
A través de un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, se indica que las bandas dedicadas a éste tipo de delitos, en muchas de las ocasiones emigran a estados en donde su legislación no contempla la posibilidad de perseguirlos y sancionarlos.
En el documento, que analiza la Primera Comisión, se destaca la necesidad de que los Congresos locales modifiquen sus códigos penales a fin de tipificar este acto.
Se advierte que “de no hacerse nada para frenar las lagunas que el crimen organizado ve en los códigos penales locales, se pondría en riesgo una prestación de cinco millones de trabajadores”.
Dichos estados son Sonora, Baja California, Sinaloa, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato. Este último es donde se han registrado movimientos de bandas organizadas dedicadas a la falsificación y distribución desde el bajío hacia el norte y centro del país.
Se refiere que entidades como Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Morelos, Chihuahua y Coahuila, por su gran número de transacciones comerciales, experimentaban este flagelo social, pero al reformar sus respectivos códigos penales se ha comenzado a registrar una disminución.
En la propuesta se destaca que estas falsificaciones, robos, fraudes y alteraciones han propiciado que las empresas emisoras inviertan recursos en el desarrollo e implementación de medidas de seguridad, como tintas especiales, papel seguridad, grabados y troquelados, entre otros.
Se menciona que los falsificadores distribuyen y en algunos casos comercializan los vales de papel en los alrededores de las tiendas, aprovechándose del desconocimiento de las personas, al ofrecerlos a un menor precio al de su valor nominal, pero “cuando pretenden canjear los vales falsificados por productos o servicios se percatan que han sido defraudados”.
Las ayudas de despensas, se abunda, constituyen una conquista laboral de los años 60 y representa hoy en día la prestación más apreciada por los trabajadores, ya que los beneficios que de ella obtiene son inmediatos.
En México, el 70 por ciento de los trabajadores que reciben los vales son personas que perciben hasta seis salarios mínimos mensuales, por lo que de no hacer algo, se dejarían de beneficiar a 20 millones de personas.
Se indica que alrededor de 45 mil empresas en el país otorgan la prestación; en promedio cada trabajador recibe 650 pesos mensuales en ayuda para despensa, y el 90 por ciento son canjeables por alimentos.
Dicha reforma deberá considerar como delitos la falsificación, fraude y robo de vales, así como contemplar su definición, “sería un gran avance el hecho de que en la legislación quedara plasmado”, se finaliza.