En los últimos años se hicieron reformas a la legislación para mejorar el “modelo educativo” –fundamentalmente en la educación básica–, empero la atención educativa para niños con discapacidad ha sido marginal y se requieren adecuaciones generales que corrijan estas condiciones discriminatorias.
Así lo señaló la diputada Paloma Villaseñor, al destacar que la planeación de estos cambios debe basarse en elementos cualitativos y cuantitativos que permitan identificar las necesidades y requerimientos para transitar al ideal educativo que permita a México un desarrollo con inclusión social y sin discriminación.
La Secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, resaltó que tras el exhorto realizado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para que incluyan en el “Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial para el ciclo 2013-2014”, reactivos para conocer información específica y detallada sobre discapacidad en las escuelas regulares y de educación especial, lo que ofrecería una respuesta orientada a cumplir cabalmente con lo estipulado en el interés de la Nación, de brindar una educación de calidad para todos, sin exclusiones de ningún tipo.
Explicó que dichos reactivos ofrecerían específicamente, el número de profesores y alumnos con discapacidad, los tipos de discapacidad y la infraestructura especial instalada para su asistencia.
Expuso que la educación es un derecho humano, consagrado en el artículo tercero constitucional, que mejora las oportunidades en la vida: mientras mayor sea el nivel educativo mejores herramientas tendrá el individuo para alcanzar su desarrollo personal y en el caso de los niños con discapacidad, es una herramienta fundamental que hace la diferencia hacia una vida independiente, libre y digna. “La inclusión social sólo es posible cuando se reconocen como normales las diferencias”.
Recordó que el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados Parte a recopilar información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita mejorar o formular y aplicar políticas que den cumplimiento a los derechos humanos y los protegidos por la convención.
Reconoció que el Sistema Educativo en México ya brinda educación especial a niños con discapacidad y a niños con capacidades sobresalientes, sin embargo y desafortunadamente, no hay datos precisos y actuales sobre el número de alumnos y maestros con discapacidad, las condiciones en que se encuentra el sistema en su conjunto, y mucho menos la educación especial en lo particular.
Esta realidad y la reforma constitucional en materia de educación, obligó al nuevo gobierno a implementar un “Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial para el ciclo 2013-2014” cuyo objetivo es “captar las características específicas de escuelas, maestros y alumnos de instituciones públicas y privadas de educación básica”, según lo informaron el Secretario de Educación Pública y el Presidente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
Sin embargo, añadió, en la información ofrecida, no se toma en cuenta información específica y detallada sobre discapacidad, tanto de alumnos como profesores, ni de las condiciones de las escuelas para atender a personas con esas características; además de reactivos específicos para conocer las condiciones y el tipo de atención que brindan las escuelas de educación especial, como son: tipo de discapacidades, características de los niños sobresalientes, tipo y especialidad del personal capacitado para educar a niños con los distintos tipos de discapacidad, la demanda de espacios en las escuelas, etcétera.
Por ello, insistió en la urgencia de complementar la información del citado censo, incluyendo a las personas con discapacidad y niños talento, y así considerar el cumplimiento a cabalidad por parte del Estado, de asegurar la educación para todos, finalizó.