Una vez analizadas todas las pruebas que presentaron los representantes del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación coincidieron que no hay elementos suficientes para anular la elección del primero de julio de este 2012, cuando estuvo en juego la Presidencia de la República.
El veredicto final se dará a conocer este viernes, cuando el Tribunal entregue toda la histórica documentación al Instituto Federal Electoral, organismo que procederá a entregar el papel que declarará al priísta Enrique Peña Nieto como presidente electo que deberá tomar posesión del cargo el próximo primero de diciembre.
Este primer escenario provocó sonoras irritaciones entre los grupos que apoyan a López Obrador, quienes desde este mismo jueves se comenzaron a manifestar con violentas protestas de repudio a las autoridades electorales, lo que anuncia más reacciones a lo largo de los meses que faltan para el cambio de poderes en Los Pinos.
Estos son los argumento de los magistrados electorales con que rechazaron la denuncia de López Obrador:
*** Las acusaciones de Jesús Ponce Aquino, quien dijo que recibiría 56 millones por la difusión de propaganda de Peña Nieto en el exterior. (Empresa televisiva Frontera Network)
*** No hay forma de comprobar que presuntamente pactó con priístas esa difusión.
*** Lo mismo sucede con Tarjetas Monex y Soriana.
*** El PRI aceptó que entregó tarjetas pero sólo a sus enlaces partidistas, con quienes celebró un contrato de prestación de servicios.
*** Los autos de quejas administrativas que se encuentran en trámite se indica que las poco más de 2 mil 500 tarjetas entregadas, según el PRI a sus enlaces partidistas.
*** El PRI no reconoce haber entregado tarjetas o recursos a ciudadanos a cambio del voto.
*** Esa investigación tendrá que arrojar todo lo relativo al financiamiento legal o ilegal que se haya manejado.
*** Varias personas por diversas razones tuvieron tarjetas Soriana y generan indicios de que en referida tienda de autoservicio ubicada en Ignacio Zaragoza se realizaron presuntamente compras de pánico; hecho que fue replicado en medios, porque curiosamente estaban ahí los periodistas en el momento de esas compras.
*** El debido proceso, la racionalidad nos impone a juzgar este asunto a partir de hechos denunciados y el acervo probatorio.
*** Con acervo probatorio no se puede concluir que la existencia de violaciones al orden constitucional o legal.