*Lucha de poderes que afecta al pueblo
Legisladores de la Comisión Permanente acordaron citar a comparecer a Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, a fin de que explique las medidas para proteger a los migrantes y evitar que sean secuestrados por las bandas del crimen organizado.
El funcionario deberá informar el estado que guarda la estrategia de depuración del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y el avance en la elaboración de reglamento de la ley migratoria.
Además, se exhorta al presidente Calderón, a través de las procuradurías General de la República (PGR) y del estado de Veracruz, a fin de que agilicen las investigaciones y castiguen a los responsables del supuesto secuestro de migrantes ocurrido el pasado 24 de junio, en el poblado de Medias Aguas, de esa entidad.
Senadores y diputados también pidieron al Presidente de la República un reporte sobre el avance de la creación de la Fiscalía Especializada en Prevención y Atención de Delitos Cometidos Contra Migrantes, propuesta por la mesa de trabajo en la materia de la Cámara de Senadores.
Asimismo, en el punto de acuerdo aprobado hacen un llamado a los titulares de Gobernación, INM, PGR y Seguridad Pública, para que implementen medidas inmediatas que garanticen la vida y respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Se menciona en el texto que el padre Alejandro Solalinde denunció que el pasado 24 de junio un grupo de entre 60 y 80 migrantes fueron capturados por personas fuertemente armadas cerca de la estación ferroviaria del poblado de Medias Aguas.
“A pesar de las continuas agresiones de que son víctimas --se advierte en el documento--, no se tiene conocimiento de que el Gobierno federal haya diseñado algún proyecto para crear la Fiscalía Especializada en Prevención y Atención de Delitos Cometidos Contra Migrantes”.
Sin acciones firmes y contundentes, agregaron los legisladores, “seguirá imperando la violencia y la impunidad sobre el Estado de derecho, pues “a pesar de que dotamos a las instituciones de un nuevo instrumento jurídico, las agresiones hacia los migrantes continúan”.
Los miembros de la Primera Comisión dictaminadora deploraron toda agresión contra las personas que atraviesan nuestro territorio “en un intento por alcanzar una vida mejor”.
Sin importar cual sea su situación migratoria, las instituciones del Estado, en todos sus niveles de gobierno, están obligadas a garantizar su seguridad y derechos humanos, subrayaron.
Adicionalmente, se validó un exhorto al titular de la Secretaría de Gobernación, para que convoque a la brevedad al Comité Interdisciplinario para la Reparación del Daño a Víctimas por Violaciones a los Derechos Humanos a Individuos Vinculados a Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Lo anterior, con la finalidad de analizar y aprobar los montos de las indemnizaciones generadas por sentencias de organismos internacionales y por la recomendación 26/2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En este sentido, el punto de acuerdo sugiere hacer un llamado a las secretarías de Gobernación y de Hacienda, con el propósito de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2012 se contemplen recursos suficientes para cumplir con las obligaciones referidas.