Derecho a la vida
Para que el Estado reconozca, proteja y garantice el derecho a la vida, el diputado Enrique Alejandro Flores Flores (PAN) propuso reformas al artículo 1 de la Constitución Política, a fin de establecer que todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le considera como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural.
Indicó que para brindar mayor protección a los seres humanos no nacidos, se tiene la obligación de aplicar lo que disponen los diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por México que reconocen el derecho a la vida, mediante su inclusión en la Carta Magna y, por ende, en las constituciones de cada una de las entidades. Se mandó a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Igualdad de Género y a la de Justicia.
Regular publicidad electoral en cines
A fin de limitar y fiscalizar el gasto en publicidad electoral contratada por partidos políticos en infomerciales en salas de exhibición cinematográficas, el diputado José Valentín Maldonado Salgado (PRD) propuso reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Se busca, dijo, limitar y reportar el gasto de partidos políticos y candidatos en este tipo de publicidad y sancionar a los institutos políticos que se excedan, más no constituye una censura para exhibir películas, ya que se circunscribe únicamente a la regulación de la propaganda electoral y a sancionar los abusos que se cometan en torno a esta materia. Se turnó a la Comisión de Gobernación.
Condiciones de igualdad para posesión de tierra ejidal
Fue remitida a la Comisión de la Reforma Agraria una iniciativa del diputado José Everardo Nava Gómez (PRI) que modifica los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria, para revalorar y reconocer a la mujer en condiciones de igualdad, respecto al hombre en la posesión de la tierra ejidal, así como a sus derechos a la herencia, ya que es la única forma en que se logrará la verdadera inclusión de la mujer rural a la protección del sistema jurídico, indicó.
Recordó que datos del Instituto Nacional de las Mujeres estiman que de los 13 millones de mujeres que viven en las comunidades rurales, sólo 610 mil se encuentran reconocidas como propietarias y sólo el 30 por ciento de las unidades de producción está a cargo de una mujer, pero únicamente sólo el 2 por ciento están registradas a su nombre, principalmente en Veracruz, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Modificación al orden del día
A su vez, el diputado Felipe Arturo Camarena García (PVEM) propuso reformas a los artículos 60 y 64 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el propósito de establecer la prohibición de hacer modificaciones al orden del día de las sesiones; sólo podrán admitirse antes de ser aprobada por el Pleno y ser aceptadas por las dos terceras partes de los diputados presentes.
La propuesta también establece que los grupos parlamentarios, por medio de sus coordinadores o sus representantes en la Junta de Coordinación Política, no podrán modificar el orden de presentación de sus asuntos registrados en el orden del día; en el caso de solicitar una modificación, ésta sólo la podrán notificar a la Mesa Directiva y a los demás grupos, antes del inicio de la sesión. Se canalizó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Casas encuestadoras del IFE
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún (Nueva Alianza) leyó reformas al artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de que las casas encuestadoras sean clasificadas, de mayor a menor, en un Índice de Confiabilidad, el cual será emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, previa consulta con los profesionales del ramo o las organizaciones en que se agrupen.
Precisó que hacer pública la lista de encuestas y su Índice de Confiabilidad, permitiría a los usuarios conocer el historial de qué tan acertada han sido los resultados publicados de cada casa encuestadora, lo cual podrá darles un criterio respecto a qué tanto pueden “creer” de cada una de ellas. Se remitió a la Comisión de Gobernación.
Reconocer en la Constitución derecho a energía eléctrica
Por el PRD, el diputado José Luis Muñoz Soria planteó reformas al artículo 4 de la Constitución Política, a fin de establecer que toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad, y que el Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica, a través de una tarifa social justa.
Argumentó que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano, por lo que debe estar reconocida en la Constitución. Agregó que muchas de las facturas de luz son arbitrarias, exageradas y no tienen que ver con los consumos, y en otros casos, hay cortes de energía sin aviso, variaciones de voltaje que causan daños en los aparatos domésticos, y falta de mantenimiento en la infraestructura de distribución de energía. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Acceso seguro a Internet
Con el propósito de legislar en materia de acceso seguro a Internet por parte de niñas, niños y jóvenes, el diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (PAN) propuso reformas a los artículos 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, toda vez que uno de cada tres jóvenes reconoce que ha tenido un amigo virtual y que no lo conoce en persona.
En su iniciativa, explicó que los mundos virtuales y las redes sociales para niños y jóvenes se han convertido en el modus operandi en sus comunicaciones, por lo que es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expida normas en materia de telecomunicaciones y las relacionadas con el acceso a Internet seguro, para que niñas, niños y adolescentes puedan transitar en la red con seguridad. Fue enviada a las comisiones de Comunicaciones y de Gobernación.
Elección de contralores internos de Cofeco e Ifetel
La legisladora Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (PRI) formuló la adición de un artículo 34 Bis 2 a la Ley Orgánica del Congreso General a fin de establecer que los titulares de las contralorías internas de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) se elegirán por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, para que puedan realizarse por cédula o utilizando el sistema de votación económica.
Expresó que se necesita contar con un mecanismo en la ley que permita a esta cámara designar a los contralores internos del Ifetel y de la Cofeco, a partir de un mecanismo similar en lo esencial al que se desarrolla para la designación de los integrantes del Consejo General del IFE y su contralor general. Se mandó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Practicas Parlamentarias.