Reducir los factores de riesgo del desamparo a hijos de madres jefas de familia

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (PRI) presentó una iniciativa de reforma al artículo cuarto constitucional, a fin de que el Estado garantice un seguro de vida a madres jefas de familia, de entre 12 y 59 años de edad en caso de muerte, y avalar que sus hijos tengan acceso a la educación.

Propuso que la protección se ofrezca mediante una transferencia económica bimestral a los hijos en orfandad, de 10 salarios mínimos para el nivel preescolar; 15 para primaria; 22 para secundaria; 30  para la educación media superior y máximo 60 salarios mínimos para los jóvenes de hasta 23 años que cursen el nivel superior.

De esta forma, los hijos en orfandad tendrán herramientas para construir su futuro y disminuir los riesgos del desamparo, toda vez que casi 4 millones de jóvenes de entre 5 a 15 años deambulan en calles expuestos a la droga y la delincuencia.

Fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su dictamen.

No conceder indulto por delitos de lesa humanidad

La diputada del PAN, Karina Labastida Sotelo, leyó una iniciativa para reformar la fracción XIV del artículo 89 de la Constitución, para que “en ningún caso se pueda conceder el indulto por delitos de lesa humanidad”, bajo un proceso judicial impecable e íntegro.

Explicó que conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un delito de lesa humanidad comprende conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada y encarcelamiento o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente.

Desaparición forzada, secuestro o cualquier otro acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de la víctima, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, argumentó.

Subrayó que el indulto podrá concederse conforme a las leyes, a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y del orden común  en el Distrito Federal. No  para delincuentes que hayan cometido actos graves de alto impacto social, lo cual, dijo, tendrá que armonizarse con el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución, que obliga al Estado mexicano, en todos los niveles de gobierno, sin excepción, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Conforme a esta propuesta, la figura del indulto se mantendrá como una prerrogativa discrecional del Presidente de la República, “sólo que en pleno apego a las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos, sin una redacción que pueda consentir una contradicción”, afirma.

La iniciativa fue suscrita por la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (PAN), y tiene como propósito la eficaz protección de los derechos humanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su dictamen.

Abrir el Canal del Congreso a la sociedad civil

Para consolidar el derecho a la información y a la trasparencia, a través del Canal del Congreso, la diputada del PRD, Graciela Saldaña Fraire, propuso “licitar espacios a proyectos de difusión social de organismos de la sociedad civil, a fin de que cumpla con la función social de dar seguimiento a temas de interés del Poder Legislativo con una visión de la sociedad civil”.

Para ello, propuso reformas y adiciones a diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General. Destaca que aparte de difundir el trabajo que realizan las y los legisladores, se necesita que esta señal sea un espacio en el que confluyan gobernados y gobernantes en un ejercicio de interacción en un medio de difusión del Estado, con lo cual se fortalece la democracia en un marco plural.

Planteó que se difundan programas realizados por los ciudadanos en horarios nocturnos, en los cuales sólo se retransmiten actividades legislativas que no resultan del interés de la audiencia, es decir, de lunes a viernes de 23 horas a 3 de la mañana; y sábados y domingos de 22 horas a 2 de la mañana, así como de 6 a 10 de la mañana, “ya que en este tiempo no se trasmiten contenidos legislativos en vivo y si se retransmiten algunos otros”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados para dictaminarse.

Certeza jurídica en la seguridad social

Por otra parte, el diputado Ricardo Cantú Garza (PT) presentó iniciativa para reformar el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para especificar el tiempo que tiene el trabajador o beneficiarios a recibir los recursos de su cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, derecho que prescribirá a favor del instituto a los diez años de que sean exigibles.

La propuesta precisa que ese lapso se contará “una vez que el instituto haya realizado la notificación personal correspondiente al trabajador o beneficiarios sobre la exigibilidad de ese derecho”. El legislador destacó la importancia de dar certeza jurídica a la seguridad social.

La iniciativa fue suscrita por la diputada del PT, María del Carmen Martínez Santillán, y turnada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para dictaminarse.

Necesario combatir el problema de la deserción escolar

Con el propósito de eliminar el fenómeno de la deserción escolar que aqueja los distintos niveles educativos, se aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a los correspondientes en cada una de las 32 entidades a que documenten este problema en sus ámbitos de competencia y propongan políticas públicas con miras a extinguir el mencionado fenómeno.

El punto de acuerdo señala que existe una preocupante situación en el sistema educativo nacional ante el abandono diario aulas de cerca de cinco mil alumnos.

Esto quiere decir que durante el lapso de agosto de 2012 a julio de 2013, un millón 47 mil 718 alumnos dejaron sus estudios formales “para ser captados por la vagancia, el trabajo derivado de la necesidad o el crimen”, precisa el texto.

Al hablar a favor, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, afirmó que este problema ha crecido junto con el de la falta de la oferta educativa para quienes buscan ingresar a escuelas y universidades públicas. “En México se pierden alrededor de 40 por ciento de estudiantes en la transición de secundaria a educación media superior”, alertó.

Piden conocer resultados del programa “Escuela Verde”

De igual forma, los legisladores aprobaron solicitar a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Educación Pública (SEP) transparentar y hacer del dominio público los alcances y resultados del Programa “Escuela Verde” durante el ciclo escolar 2012 – 2013, así como las acciones institucionales destinadas a fortalecer y desarrollar las capacidades ambientales en la comunidad escolar a partir del ciclo escolar 2013-2014 y siguientes.

Lo anterior debido a que durante 2013 se distribuyeron 3 millones 223 mil 300 pesos en todas las delegaciones, de acuerdo al número de escuelas por estado para la implementación de este programa.

Al respecto, el diputado de Nueva Alianza, René Ricardo Fujiwara Montelongo, aseguró que dicho programa no se encuentra actualmente en operación aún y cuando hubo una muy buen aceptación por parte de las escuelas en un principio. “Es indispensable que se renueve este programa y se retomen sus actividades”.

Impartir educación ambiental

También se exhortó a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Educación Pública, a implantar mecanismos eficientes para la impartición de talleres, cursos y seminarios en materia de educación ambiental.

Lo anterior, como parte de la labor informativa y para hacer conciencia respecto a los desastres naturales que ha enfrentado el país como consecuencia de los constantes cambios climáticos que han tenido lugar a escala mundial.

La diputada Mónica García de la Fuente (PVEM), a nombre del legislador Enrique Aubry, promovente del punto de acuerdo considerado de urgente resolución, señaló que la educación ambiental debe ser concebida no sólo como una herramienta para enfrentar el deterioro que afronta el planeta, sino como un derecho de todos los ciudadanos a educarse para protegerse de las tragedias climáticas.

El diputado Roberto López Rosado (PRD) comentó que la educación ambiental es un proceso dinámico y participativo que busca despertar en la población una conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel general, mundial, como a nivel específico en donde se vive.

En su turno, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) se pronunció a favor de exhortar tanto a la Secretaría de Medio Ambiente como a la de Educación Pública a implementar talleres, cursos y seminarios relacionados al cambio climático y a la prevención de los desastres naturales.

Buscan difundir medidas para prevenir accidentes en la niñez

También acordaron exhortar a los titulares de la SEP y del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, a fin de que difundan las medidas necesarias para prevenir todo tipo de accidentes entre las niñas y los niños en los diferentes ámbitos posibles.

Informes de la Secretaría de Salud del Distrito Federal mencionan que a inicios de enero del presente año hubo un sobrecupo de 40 por ciento en niños internados por quemaduras en el hospital pediátrico de Tacubaya; aunado a ello, se reportaron 13 mil accidentados por caídas, choques, atropellamientos, con traumas que requerirán cirugías.

Felicitan al Director de Cine, Alfonso Cuarón

También, la Comisión Permanente avaló un punto de acuerdo por el que el Legislativo felicita al director Alfonso Cuarón tras haber obtenido el premio Globo de Oro por su película Gravedad.

“Ello es muestra de que el cine mexicano es de gran calidad por lo que debe reconocerse, difundirse, alentarse y apoyarse; el trabajo de grandes mexicanos pone en alto el nombre del país”, precisa el punto de acuerdo.