La Comisión de Radio y Televisión analiza una iniciativa para que la programación general dirigida a la población infantil difunda y promueva los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, a fin de generar respeto y evitar la violación de sus garantías.
La propuesta que prevé modificar la Ley Federal de Radio y Televisión, sostiene que según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México ocupa el segundo lugar mundial en número de denuncias por agravios en contra de menores de edad, con un promedio de siete expedientes al día.
El diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, proponente de la reforma, mencionó que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del 2006 al 2012 aumentaron 226 por ciento las violaciones a los derechos de la infancia.
Por su parte, la Agenda Nacional de Derechos Humanos, entregada por la CNDH a la Secretaría de Gobernación, precisa que del año 2006 al 2012 se registraron 10 mil 727 quejas que se referían a agravios a niñas, niños y adolescentes.
Esto coloca alrededor de 39 millones de niños y adolescentes, es decir, 35 por ciento de la población del país con menos de 18 años, en situación de posible vulnerabilidad.
El legislador explicó que las violaciones a sus derechos más frecuentes provienen del seno familiar, donde pueden ser desde víctimas de abandono por omisión, de incumplimiento de obligaciones alimentarias o escolares, hasta de acciones como abuso sexual, en los casos más graves.
Añadió que según Arturo Loredo Abdalá, director del Centro de Atención Integral al Niño Maltratado, del Instituto Nacional de Pediatría, el diez por ciento de la población pediátrica es víctima de alguna forma de maltrato.
De estos niños sólo uno de cada cien son atendidos, mientras que los 99 restantes, si no fallecen, al llegar a la vida adulta entre el 55 al 85 por ciento, se convierten en padres maltratadores.
Agregó que la escuela es otro ámbito de riesgo, ya que las violaciones a sus derechos son causadas por compañeros, maestros, personal administrativo o directivo, las cuales consisten en maltrato físico, psicológico e incluso sexual.
Ante este panorama, el legislador consideró necesario que el Estado implemente políticas públicas encaminadas a combatir la violación de las garantías de los infantes y adolescentes.
Asimismo, se fomente la conciencia, a través de la difusión y orientación de sus derechos en los espacios que los medios masivos de comunicación incorporen en su programación habitual.
Por su parte, los medios de comunicación deben asumir una función social, a través de la transmisión de spots sobre los derechos de los menores y los mecanismos para ejercerlos, ya que esto generaría un impacto positivo en sus destinatarios y fomentaría una cultura de prevención, protección, sensibilización y vigilancia.
Indicó que la iniciativa pretende aprovechar los medios de comunicación masiva, los cuales son un elemento de esparcimiento de la mayoría de los niños para promover en los niños y jóvenes la conciencia plena sobre sus derechos.