El pleno de la Cámara de Diputados aprobó recientemente reformas para crear el servicio profesional de carrera para los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM).
Se modifican los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración para dotar de mejor capacitación y especialización al personal encargado de proteger a la población que transita por nuestro país, bajo esquemas de respeto para los que arriesgan su vida con un deseo de encontrar mejores condiciones de vida fuera de su país o en otra entidad.
Al respecto, el diputado Javier López Zavala, quien fundamentó el dictamen, resaltó que cerca de 400 mil indocumentados centroamericanos cruzan México cada año y en su paso sufren discriminaciones, vejaciones y violaciones, por lo que es indispensable profesionalizar al personal de migración.
“Migrantes enfrentan una gran inseguridad al tránsito por nuestro país. Los organismos internacionales públicos y sociales han realizado una serie de recomendaciones a nuestro país a fin de garantizar la seguridad de los migrantes y de aquellos que tienen que permanecer en nuestro país, estancados por falta de recursos o por enfermedad”, dijo.
Al dar su posicionamiento, la diputada Araceli Torres Flores consideró que la reforma permitirá instrumentar una serie de medidas en el terreno operativo e incorporará protocolos internacionales y sobre la evaluación de los procesos que lo integran, con un enfoque de derechos humanos.
“Con justa razón se ha exigido dar un trato humanitario a migrantes, porque se busca modificar estas disposiciones para modernizar las tareas del instituto”.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras, señaló como una prioridad tener funcionarios profesionales si se toma cuenta que “se han iniciado averiguaciones previas a un centenar de funcionarios por una serie de delitos y abuso en contra de migrantes”.
La diputada Juana Bonilla Jaime advirtió que autoridades de migración extorsionan a migrantes para poder obtener dinero, y de no obtenerlo son consignados a las autoridades competentes.
“Organizaciones criminales los secuestran para reclutarlos y si se niegan son asesinados; la reforma es el inicio de medidas que requiere al Instituto Nacional de Migración para generar un beneficio social”, señaló.
La diputada Norma Ponce Orozco sostuvo que los migrantes son víctimas de un sistema en el que no sólo participa el crimen organizado mediante redes de trata, secuestros y homicidios, sino también autoridades locales y federales.
“El acercamiento policiaco no ha rendido los resultados esperados en el tránsito de personas; deben abrirse espacios para la profesionalización de servidores públicos para tener una democracia eficaz y moderna, buscando agentes que se conduzcan de acuerdo a les leyes”, concluyó.