Debido a que la inseguridad es un factor importante para que mexicanos abandonen sus hogares, la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas se manifestó porque el presidente Felipe Calderón diseñe y ejecute un programa de atención integral a los desplazados internos.
En un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, menciona que en lo que va de este sexenio en Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango, el desplazamiento ha sido forzado por la presencia de la delincuencia organizada.
“Ya sea que los enfrentamientos constantes o amenazas directas del crimen organizado produzcan un éxodo masivo o bien que dicho desplazamiento se dé a cuentagotas. Somos testigos de que familias completas desaparecen de un día para otro; vemos pueblos enteros sin actividad comercial sustantiva, abandono de actividades ganaderas y agrícolas; comunidades y ciudades empobrecidas; pueblos fantasma”, puntualiza.
Si bien, se añade, México no dispone de estadísticas oficiales sobre desplazados internos y las estimaciones varían, algunas cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en su Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994-2009 calculan entre 3 mil y 21 mil desplazados internos.
El Observatorio de Desplazamiento Interno, centro que monitorea el fenómeno a nivel global y que depende del Consejo Noruego de Refugiados, estimó en 2010 que cerca de 230 mil mexicanos han debido cambiar su residencia en lo que va del sexenio y que 120 mil de estas personas migraron para ponerse a salvo.
La secretaria de la Comisión de Gobernación destaca en la propuesta que de acuerdo con estudios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en esa capital, en 5 años se han acumulado 116 mil hogares vacíos, 11 mil comercios cerraron sus puertas y 11 mil alumnos abandonaron sus estudios.
La característica común entre la población desplazada en México es la presencia mayoritaria de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
En el documento se destaca que de ese panorama se desprende el deber legal y la obligación del Estado para dar solución a las violaciones de derechos humanos derivados del fenómeno del desplazamiento interno.