En los últimos tres años el presupuesto destinado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no ha registrado incremento alguno superior al índice inflacionario anual que establece el Banco de México (Banxico).
Así, en 2009 ejerció mil 933 millones 500 mil pesos; en 2010, un total de mil 904 millones 500 mil pesos; y en 2011 se prevé concluir el año con un ejercicio de dos mil cinco millones 300 mil pesos.
El presupuesto base solicitado para 2012 es de dos mil 75 millones 600 mil pesos, que representan un incremento de 3.8%, de acuerdo con las estimaciones inflacionarias del Banxico.
Para atender las eventualidades del proceso electoral del año entrante, en el que se renovará casi la mitad de los representantes populares a nivel local de todo el país, y prácticamente un tercio de gobernadores, además de la Presidencia y el Congreso de la Unión, el TEPJF solicitó un presupuesto adicional 293 millones 300 mil pesos.
“Es preciso señalar que si estos recursos no son ejercidos, no se podrán destinar al presupuesto base del Tribunal y por ello se deben reintegrar a la Tesorería de la Federación”, así lo estableció la Comisión de Administración del Tribunal Electoral.
Los recursos del Programa Específico del Proceso Electoral serán destinados principalmente a:
• 38% (112 millones 300 mil pesos) a la Atención de Medios de Impugnación en Salas Regionales.
• 24% (71 millones de pesos) al Apoyo Técnico y Administrativo del Proceso Electoral.
• 18% (53 millones 100 mil pesos) al Programa de Ingreso Masivo y Sistematización de Expedientes Electorales Federales.
• 14% (39 millones 700 mil pesos) a la Atención de Medios de Impugnación en la Sala Superior.
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reiteran que la transparencia en la función pública no es un recurso discursivo del funcionario, pues se trata de un principio que lleva implícito el servicio público y que tiene como fin garantizar la eficiencia de quienes se desempeñan en ella.
El artículo 134 de la Constitución establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.