El negocio de 60 mil millones de dólares en comida “chatarra” y políticas públicas mal orientadas ocasionará que en 2012 mueran 10 mil niños por causas asociadas a la desnutrición y la pobreza, alertaron los diputados Israel Madrigal Ceja y Víctor Manuel Castro Cosío con base en los datos del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán.
Ante este panorama, a través de un punto de acuerdo los diputados piden exhortar a todos los niveles de gobierno para que en coordinación con la sociedad civil, tomen de manera urgente medidas para evitar las miles de muertes anuales de niñas y niños derivadas de causas prevenibles.
Proponen también hacer un llamado para que el próximo titular del poder Ejecutivo incorpore al Plan Nacional de Desarrollo las recientes conclusiones del Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional (FONAN), a fin de combatir la mortalidad de los menores.
De igual manera, solicitan que la Cámara de Diputados destine los recursos necesarios en el presupuesto 2013 y subsecuentes, para los programas que hagan posible evitar muertes de niñas y niños derivadas de causas prevenibles.
Los diputados destacan que en los últimos cinco sexenios han fallecido un millón 300 mil niñas y niños, es decir, 43 mil infantes al año, en promedio.
De acuerdo con el FONAN, organizado por la UNAM, IPN, UAM-Xochimilco y el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, las causas de esas muertes son la desnutrición, abiertamente el hambre y las enfermedades relacionadas, como las de origen gastrointestinal y respiratorias agudas.
“México cuenta con toda la capacidad técnica y económica para abatir la desnutrición infantil y combatir la obesidad. Es necesario generar un nuevo modelo de mercado basado en el bienestar y en los derechos humanos”, establecen las investigaciones del mencionado instituto.
Enfatizan que los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
La salud infantil, concretamente la nutrición, debe ser prioridad. Sin desconocer los esfuerzos que se han hecho en este terreno, urge duplicar la lucha y resultados, concluyen.