El senador Zoé Robledo, solicitó a las legislaturas de los congresos estatales comenzar a dictaminar las minutas de reformas constitucionales en materia político-electoral y anticorrupción.
Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, el legislador por Chiapas destacó que dichas reformas constitucionales son fundamentales para funcionamiento del sistema político-electoral, así como la procuración de justicia y la investigación del órgano de anticorrupción.
Recordó que el pasado 13 de diciembre de 2013 fue aprobada por el Congreso de la Unión la reforma en materia político-electoral, la cual era considerada desde hace décadas como una asignatura pendiente en México.
“La reforma política-electoral, estamos conscientes de ello, implica la refundación de las relaciones entre gobierno y sociedad”, señaló Zoé Robledo.
Explicó que dicha reforma cambiará la “praxis” de hacer política a fin de que toda decisión de los representantes populares obtenga la mayor legitimidad posible. “Así, la participación ciudadana será, en las políticas públicas y en la construcción de proyectos fundamentales, corresponsable del desarrollo de la sociedad”, explicó.
Resaltó que con la aprobación de la reforma político-electoral se crean figuras legales de beneficio político-social como gobierno de coalición y ratificación de los miembros del gabinete; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; autonomía del Ministerio Público y la Fiscalía General de la República
Además de la aprobación del Congreso de la Unión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; reelección de legisladores, presidentes municipales; la creación del Instituto Nacional de Elecciones; aumento en el umbral para el registro de los partidos políticos y un sistema de nulidad de elección; entre otros.
Respecto a la reforma anticorrupción, el Senador Zoé Robledo mencionó que ésta sienta las bases para la creación de un sistema nacional de combate a la corrupción que permitirá coordinar esfuerzos de todos los órdenes de gobierno y construir de manera conjunta y homogénea las políticas públicas en la materia.
“La investigación y sanciones de los actos de corrupción serán una realidad lejos de los obstáculos de secretos bancario, fiduciario y fiscal”, resaltó el perredista.
Subrayó que en la reforma constitucional existen disposiciones que representan un avance en materia de combate a la corrupción, entre otras el órgano anticorrupción tendrá competencia para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la federación y por personas físicas o morales involucradas en tales actos.
El senador hizo un llamado al los Congresos locales para que a la brevedad sometan a consideración las minutas correspondientes, toda vez que en el régimen transitorio de cada reforma se contemplaron términos y plazos perentorios para ajustar el adecuado funcionamiento de las figuras de recién creación.