La Fiscalía General del Estado, que preside Celia Rivas Rodríguez, comete un nuevo agravio contra los meridanos al negarse a investigar, esclarecer y castigar a los responsables del desvío de 240 millones de pesos, en la administración que encabezó Angélica Araujo Lara, denuncia la secretaria de la Mesa Directiva del Senado, Rosa Adriana Díaz Lizama.
Para empezar, explica la senadora, la Fiscalía y el Ministerio Público no pueden renunciar a su responsabilidad de prevenir, investigar y perseguir delitos, lo cual es fundamental para garantizar a los ciudadanos una vida en pleno Estado de Derecho.
--Simplemente no existen argumentos jurídicos para que la Fiscalía diga que no puede investigar delitos.
(Como se sabe, la Fiscalía exoneró hace unos días a la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara, al ex alcalde interino y a dos ex directores de la acusación por el desvío de 240 millones de pesos con el argumento de que no podía investigar el caso porque no es el Ayuntamiento quien debe denunciar este delito).
--El agravio es doble porque los meridanos ya fueron afectados durante la administración municipal anterior, cuando sufrieron una considerable disminución en la calidad de los servicios públicos a los que estaban acostumbrados, aunque las entonces autoridades contaban con recursos suficientes. Aún hoy, el municipio no se ha podido reponer de todo ese abandono.
--Esos 240 millones de pesos malversados podrían servir muy bien para reparar calles, entregar más becas escolares y brindar mejores servicios.
--Está muy claro: al Ayuntamiento de Mérida le correspondía formular la denuncia porque se trataba de hechos que pueden constituir delito en perjuicio del patrimonio municipal. Y quien debe investigar y perseguir este delito es la Fiscalía General del Estado. Cada autoridad debe asumir su responsabilidad.
--La Auditoría Superior del Estado de Yucatán, a quien la fiscal Celia Rivas usa de argumento para no investigar, no tiene ni puede tener la facultad exclusiva de denunciar delitos cometidos por funcionarios municipales.
--Insisto: a cada autoridad le corresponde tramitar los asuntos de su competencia. Si fuera un juicio político, la diligencia debe hacerse ante el Congreso del Estado; si se demanda responsabilidad civil, ante un Juzgado Civil, y si se exige responsabilidad penal, como en este caso, ante la Fiscalía General del Estado.
--Reitero: el actual Ayuntamiento de Mérida cumplió con la ley al denunciar el posible desvío y ahora toca a la Fiscalía cumplir su parte.
--Yo le pido a la Fiscalía que actúe, en primer lugar, con total apego a la ley, y en segundo lugar, con imparcialidad, pero sobre todo que no pretenda proteger a ex funcionarios con resoluciones y declaraciones alejadas de todo sustento jurídico.