La Cámara de Diputados recibió de la Procuraduría General de la República respuesta a un punto de acuerdo, en donde señala que hasta no agotar la investigación y corroborar los hechos denunciados sobre la obra pública denominada “Estela de luz”, no puede proporcionar mayor información.
En el punto de acuerdo impulsado por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo se le pidió a la PGR informe sobre el estado de las investigaciones relativas a los presuntos actos de corrupción en la obra “Estela de Luz”.
Lo anterior, debido a las posibles irregularidades en la contratación de la constructora, aumento en los costos de materiales y los 15 meses de retraso en la entrega.
Se menciona que inicialmente la obra costaría 200 millones de pesos, pero finalmente representó una inversión total de mil 35 millones de pesos. La edificación estuvo a cargo de Constructora Gutsa.
Gastélum Bajo expresó que es fundamental conocer cuánto gastaron, pues son muchos millones de pesos que necesitan los mexicanos para mitigar el hambre y atender la ola de inseguridad.
Lamentó que mientras se regateó un fondo de 10 mil millones de pesos para productores agrícolas, la “Estela de luz” representó un gasto inútil. “Es un claro ejemplo de opacidad, corrupción e impunidad”.
A su vez, el diputado Gustavo González Hernández (PAN) expuso que debe haber una aplicación de la ley y de las sanciones correspondientes, ya sean administrativas o penales, siempre y cuando se haya cometido alguna irregularidad dentro del procedimiento.
En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria y remitido a la Comisión de la Función Pública, la PGR precisó que inició la averiguación previa correspondiente por los posibles delitos cometidos durante la contratación y ejecución de la obra.
Añadió que a fin de agotar la investigación y corroborar los hechos denunciados, “no se puede proporcionar mayores datos, en virtud de que se trata de información que no es de carácter público”.
Lo anterior, conforme a los códigos Federal de Procedimientos Penales y el Penal Federal, así como las leyes Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Orgánica del Congreso General.