El diputado Jorge Herrera Delgado, integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, señaló que México ocupa el penúltimo lugar en lectura, ya que cada habitante lee en promedio 2.9 libros al año; por ello, propuso reformar la Ley General de Bibliotecas, a fin de fomentar el hábito de la lectura y mejorar el nivel educativo y la conservación del patrimonio cultural.
Señaló que las bibliotecas son un vehículo importante para enfrentar los fenómenos del analfabetismo y los deficientes hábitos de lectura de la población, ya que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2010, el analfabetismo es de 6.9 por ciento de la población y según la Encuesta Nacional de Lectura, en México cada habitante lee en promedio 2.9 libros al año.
Un estudio del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), señaló que la cantidad de libros leídos en México lo ubica en el penúltimo lugar, sólo superado por Colombia, con 2.2 libros. En las posiciones más altas se encuentran Chile, con 5.4 libros, y Argentina, con 4.6 libros, indicó el diputado.
Subrayó que según el estudio del Cerlalc, una de las formas principales para acceder a los libros en México es a través de las bibliotecas.
El legislador enfatizó que las bibliotecas son uno de los ejes del desarrollo nacional, ya que su papel es de la mayor relevancia en los ámbitos de educación, innovación y desarrollo científico y tecnológico, así como la promoción de la lectura y la cultura.
Mencionó que en el país existen siete mil 363 bibliotecas públicas en dos mil 281 municipios, las cuales presentan graves rezagos y carencias en el acceso a los servicios y en materiales documentales, así como en la planeación nacional del desarrollo bibliotecario.
Herrera Delgado subrayó que también se carece de un diagnóstico integral del sistema bibliotecario que sirva como base para su sostenimiento y mejora, así como sobre sus necesidades específicas de acceso.
Explicó que las grandes diferencias en las bibliotecas de las diversas regiones del país implica retos en la conservación de materiales documentales, así como el equipamiento y la infraestructura necesarios para garantizar que las colecciones sean pertinentes, que los servicios sean de calidad y que los materiales documentales estén debidamente resguardados de las inclemencias climáticas.
Por ello, propuso reformar diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas para relanzar la política bibliotecaria nacional y fortalecerlas.
Asimismo, que los principios que rigen la política nacional de desarrollo bibliotecario serían el acceso gratuito y el preferente a personas con alguna discapacidad, el federalismo subsidiario, la inclusión, el interés superior de la niñez, la no discriminación, la perspectiva de género, la profesionalización, la protección de datos personales, y el respeto y cuidado del ambiente.