La senadora panista Silvia Garza Galván solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) un informe sobre la eficacia de los programas de rehabilitación y readaptación de sentenciados, así como de las medidas de seguridad que se aplican para aquellos sentenciados por delitos graves del orden federal en los centros penitenciarios de jurisdicción federal y estatal.
También pidió, al Ejecutivo federal, un reporte que incluya las causas por las cuales los programas implementados por los centros penitenciarios de jurisdicción federal han sido excluidos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2013-2014, ya que, consideró, la prevención debe ser integral.
Destacó que los programas de readaptación no están cumpliendo con su objetivo, de ahí que los sentenciados por delitos de bajo impacto egresan con nuevas formas delictivas y, lejos de incorporarse a la sociedad, incursionan con mayores conocimientos que propician aún más su reincidencia en los centros penitenciarios.
Garza Galván subrayó que México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en población penitenciaria --incluyendo procesados y sentenciados-- sólo por debajo de Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, India e Irán, al contabilizar 206 reos por cada 100 mil personas en promedio.
Indicó que el número de presos puede aumentar o disminuir con una mayor o menor impunidad y por la falta de eficacia en la impartición de justicia, y en México únicamente se castiga el 2 por ciento de los delitos cometidos, ya que los mecanismos de control están debilitados por corrupción, sobrecarga de trabajo en los juzgados y vicios por parte del personal que labora en los ministerios públicos y juzgados.
Estimó que la manutención --alimentos, medicinas, salarios, energía eléctrica, indumentaria, uniformes, mantenimiento, etcétera-- le cuesta al Estado mexicano un monto aproximado de 140 pesos al día por interno, y si se estima una población cercana a 240 mil reclusos se genera un gasto al erario de 33.6 millones de pesos diarios.
“De los gastos de manutención además se debe mencionar que cada año se gastan en promedio unos 2 mil millones de pesos en la manutención de presos no sentenciados, y la mitad de ellos quedará en libertad por falta de pruebas o por declararse su inocencia”, precisó.
Las múltiples promesas en materia de seguridad pública pronunciadas en campaña por el ahora presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores electos en 2012 sólo fueron buenos deseos que, con el paso del tiempo, se han convertido en recuerdos, pues aún continuamos observando incrementos de la criminalidad, remarcó la legisladora por Coahuila.
Citó que según el reporte del Observatorio Nacional Ciudadano de diciembre de 2013 a enero de 2014 aumentaron 5.60 por ciento las denuncias de secuestro; 10.36 por ciento, las de extorsión; 0.94 por ciento, las de robo con violencia; 1.81 por ciento, las de robo de vehículo; 3.60 por ciento, las de robo a casa habitación; y 1.22 por ciento, las de robo a negocio.
En resumen, dijo, seis de los ocho delitos de alto impacto social registraron un comportamiento a la alza durante el primer mes de 2014.