La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California revisar, una vez más, si la coalición Compromiso por Baja California, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Encuentro Social, cumplió con los requisitos legales para su integración.

El Pleno de Magistrados instruyó al órgano jurisdiccional local para que, en un plazo de 24 horas, emita una nueva sentencia sobre la impugnación interpuesta en contra de la citada coalición, la cual es acusada de no presentar, en su solicitud de registro, el documento de autorización de la dirigencia nacional del PRI para efectuar el convenio de alianza.

La semana pasada, el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California desechó la impugnación presentada por la coalición Alianza Unidos por Baja California, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Nueva Alianza y Partido Estatal de Baja California, bajo el argumento de que los promoventes carecían de interés jurídico, pues se trataba de un asunto interno del Revolucionario Institucional.

En el proyecto de resolución, presentado por la ponencia del magistrado Manuel González Oropeza, se establece que el Tribunal Electoral local no examinó el fondo de la queja, debiendo haberlo hecho.

El asunto, que ingresó este miércoles a la Sala Superior del TEPJF, fue resuelto de manera urgente debido a que el próximo 7 de abril inicia el registro de candidatos en Baja California.

A propuesta del magistrado Flavio Galván Rivera se determinó también amonestar al Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, en razón de la dilación en que incurrió en la revisión de la demanda y así entorpecer la impartición de la justicia electoral.

“Es lamentable que el Tribunal Electoral del Estado de Baja California, en uso de sus facultades jurisdiccionales, atente contra el principio básico y fundamental emanado de nuestra Carta Magna, de que todo tribunal debe siempre tener presente que la justicia debe ser pronta y expedita”, expresó el magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos.