La Comisión Permanente pidió que la Semarnat explique “los presuntos actos de colusión de servidores públicos” con la empresa española Hansa Urbana, relacionados con los permisos que la dependencia le ha otorgado para la construcción del desarrollo Cabo Cortés en el área natural protegida Cabo Pulmo.
Asimismo, le solicitó un informe sobre las medidas adoptadas para autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que permite la edificación de ese complejo ubicado en Baja California Sur.
De igual forma, senadores y diputados hicieron un llamado a la Semarnat, a efecto de que explore las posibilidades jurídicas para revertir las autorizaciones otorgadas.
En el dictamen aprobado se destaca que Cabo Pulmo fue decretado como área natural protegida en junio de 1995, la cual tiene una superficie de conservación de 7 mil 111 hectáreas e incluye el único arrecife coralino vico de Norteamérica.
Además, se resalta que esa zona cuenta con la anidación de tortugas marinas y es hábitat de 226 de las 891 especies de peces del Golfo de California, de 154 invertebrados marinos, así como de lobos marinos, delfines y ballenas.
Sin embargo, los legisladores advirtieron que la compañía española, a través de su filial mexicana Hansa Baja Investments “representa una grave amenaza a esta área natural protegida”.
En este sentido, recordaron que el 2 de marzo de 2011, la Secretaría de Medio Ambiente concedió una nueva autorización de MIA a dicha empresa referente a la construcción de la marina y una desaladora de agua de mar.
Con ello, explicaron, Cabo Cortés pretende obtener dos terceras partes del agua que utilizará en sus instalaciones, de la desalación del agua del mar para lo que planea construir una planta desaladora que produzca 750 litros por segundo, “la cual no está autorizada”.
Expusieron que los planes de Ordenamiento Ecológico y Marino de los Cabos y del Golfo de California establecen que los desarrollos turísticos en esta zona deberán asegurar su propio abasto de agua, “por lo que sin la planta desaladora no sería posible para Cabo Cortes adherirse a esta norma”.
Ante este panorama, rechazaron “cualquier acto que pudiera significar en ese ecosistema algún tipo de pérdida o detrimento ocasionada por los contaminantes que trajera consigo una posible construcción en el área”.
Sobre el tema, el diputado perredista Víctor Manuel Castro Cosío expresó que no “podemos quedar pasmados frente a un nuevo ataque a la naturaleza, al medio ambiente, en Baja California Sur”.
Aseguró que lo que sucede en el Golfo de California repercutirá en todo el macizo continental, ya que “este ataque al medio ambiente va a generar un problema social de alto impacto para el estado, y por supuesto, para la nación”.