El diputado federal priista Miguel Ernesto Pompa Corella propuso que el diez por ciento de lo recaudado por la federación en materia de derechos sobre minería sea distribuido entre las entidades que tienen actividad de este tipo, ello para contribuir a impulsar el desarrollo económico y social de los estados sobre la base de contar con recursos adicionales que serán utilizados en proyectos y programas de tipo social.
Asimismo, se pronunció porque una parte de dicho porcentaje se destinado a la creación de un fondo de compensación para casos extraordinarios, tales como accidentes o problemas que ocurren en dicho sector, de tal manera que quienes laboran en el mismo cuenten con garantías institucionales que defiendan sus derechos.
Explicó que de lo que se trata es que los estados beneficiados distribuyan los recursos obtenidos en programas sociales y en la creación de un Fondo para Emergencias Mineras, el cual se aplicará en momentos en que se presente alguna externalidad que afecte a los trabajadores del sector en la entidad.
El legislador priísta presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos, y recalcó que el propósito central es apoyar el desarrollo económico y social de la población que radica en las entidades en que se realiza la explotación de minerales.
Resaltó que las 32 entidades federativas de la República Mexicana
cuentan con yacimientos mineros, situación que no puede presumir un número cuantioso de naciones del mundo, y puntualizó que de acuerdo con la Dirección de Promoción Minera del Servicio Geológico Mexicano, a la fecha son 302 las empresas que realizan inversiones en el sector minero nacional, como Canadá, Estados Unidos, Argentina y Australia.
De la misma manera, el diputado Pompa Corella indicó que la aludida institución, señala que actualmente existen 770 proyectos mineros distribuidos en los estados de Chihuahua, Sonora, Oaxaca, Sinaloa,
Jalisco, Nayarit, Chiapas, Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Zacatecas, Durango, Colima, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Veracruz, Puebla, México, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Coahuila.
El legislador destacó que el Producto Interno Bruto (PIB) del sector minero durante el año 2010 mantuvo una tasa de crecimiento trimestral entre el 1.4 y el 3 por ciento, que a la vez resultó insuficiente para recuperar los niveles de caída que presentó durante 2009.
Apuntó que la industria minera, a pesar de ser una actividad que realizan los particulares y que el estado no cuenta con la exclusividad como es el caso de los hidrocarburos, genera ganancias atractivas para los inversionistas.
Dijo que en este orden de ideas, el gobierno federal es el que se encarga de realizar el cobro correspondiente por la explotación de los minerales en territorio nacional, y deja a las entidades en un segundo plano aun y cuando los estados son los que crean las condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad minera, en coordinación con los gobiernos municipales.