Luego de las críticas que ha recibido la propuesta de reforma laboral del PRI, Francisco Rojas, coordinador de los diputados federales priistas, aseguró que su partido está abierto a un debate parlamentario responsable y propositivo, ya que – dijo – la iniciativa no es unilateral de un partido, de representantes populares o abogados laboralistas.
Por eso, explicó, el debate debe considerar las nuevas condiciones de la economía nacional e internacional, la necesidad de encontrar alternativas para resolver los graves problemas que afectan al desarrollo nacional y se evite un mayor deterioro que puede conducirnos a la pérdida de la estabilidad política y la paz social.
El líder cameral señaló que en los últimos días, la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo presentada por el PRI en la Cámara de Diputados, ha sido motivo de diversos cuestionamientos por partidos políticos, organizaciones sociales y líderes de opinión pública, más con propósitos mediáticos y contestatarios que por una verdadera defensa de los trabajadores mexicanos.
De ahí que para nuestro partido es bienvenido el debate parlamentario de uno de los temas de mayor relevancia en el desarrollo nacional, tanto por sus previsibles impactos en el crecimiento económico vía la productividad y la competitividad, como por sus consecuencias en el bienestar de los trabajadores y de sus familias por la apertura del mercado de trabajo hacia mejores niveles de empleo formal y de ingresos.
Sin embargo, manifestó, la discusión debe partir del reconocimiento de que la propuesta fue analizada ampliamente a nivel nacional y regional con los representantes del capital y del trabajo hasta lograr consensos, de tal suerte que planteamientos legítimos fueron incorporados en la iniciativa.
El debate – continuó -- debe considerar que la iniciativa de reforma preserva y fortalece el espíritu tutelar y los principios laborales contenidos en la Constitución de la República y en la Ley Federal del Trabajo, desde primera mitad del Siglo XX, y también el contexto nacional e internacional en que se presenta el proyecto por sus repercusiones para la economía nacional y para los trabajadores.
Debe quedar claro que el proyecto de reforma mantiene los derechos fundamentales conquistados por los trabajadores incluidos en el Artículo 123 constitucional, como son la libertad y la democracia sindical, el derecho de huelga, la contratación colectiva, la autonomía de los sindicatos y la justicia laboral.
Francisco Rojas hizo un recuento de la situación económica del país y dijo que en las últimas dos décadas esta ha sufrido un enorme deterioro, como resultado del insuficiente crecimiento económico y generación de empleos, afectando severamente el bienestar de nuestros compatriotas. Las causas de esta realidad tienen su origen en un modelo de desarrollo que ha privilegiado la importación de empleos al reducir la oferta agregada de contenidos nacionales.
Tales tendencias económicas se derivan de las nuevas formas de la globalidad que inciden en las economías nacionales, especialmente en el empleo, pero además – agregó -- los capitales se mueven en función de la maximización de las ganancias y las mercancías se producen donde se minimizan los costos, en particular los salarios, abriendo una fuerte competencia por las nuevas formas de relaciones laborales.
Por ello, México debe prepararse para enfrentar esta competencia internacional por el empleo precario, protegiendo a los trabajadores nacionales, y creando al mismo tiempo nuevas condiciones que permitan enfrentar la grave crisis de empleo existente en el país, facilitando el acceso a puestos de trabajo de millones de jóvenes que carecen de oportunidades en los mercados de trabajo.
Sin lugar a duda, subrayó el coordinador parlamentario priista, nuestra propuesta de reforma atiende un reclamo social persistente en los últimos años, como es el caso de la regulación del outsourcing creciente que no sólo afecta a los trabajadores en el presente por la falta de prestaciones y en el futuro por la cancelación de pensiones dignas, sino a la viabilidad de la seguridad social y a la economía nacional vía finanzas públicas por la evasión de impuestos.
Aseveró que es relevante el hecho de algunos de los que se oponen a las formas de regulación del outsourcing del proyecto de reforma laboral, no lo hayan hecho contra empresas que recurren en gran escala a esa forma de compromiso contractual y sin exigir que tal tipo de servicios fueran prestados por trabajadores agremiados al sindicato de que se trate.
Este ejemplo, concluyó, podría presentarse en otros temas que aborda la iniciativa, como el de los jornaleros del campo, del trabajo doméstico, del trabajo infantil y de los agentes de ventas, a los que algunas dirigencias sindicales reticentes, salvo honrosas excepciones, han olvidado históricamente y que el proyecto de reforma protege mediante normas para que gocen de los beneficios de la legislación laboral.