*Ya pónganse a trabajar, exigen directivos
La Mesa Directiva de la Cámara Alta exhortó a los senadores de las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos dictaminen una iniciativa para establecer como causal de suspensión de los derechos políticos y prerrogativas del ciudadano, el adeudar pensiones alimenticias, la cual es una propuesta del senador del Carlos Sotelo García.
El legislador colimense señaló que cada vez son más frecuentes los casos de representantes populares y funcionarios públicos que valiéndose de su posición incumplen con la obligación de suministrar alimentos a sus deudores, con el consecuente descrédito social de las instituciones.
“La erosión de la confianza y el deterioro de la credibilidad ciudadana en representantes populares y funcionarios que incumplen con la obligación de proporcionar alimentos, significan una clara manifestación de los estragos ocasionados por la corrupción e impone al Estado la obligatoriedad de evitar su alto costo social”, indicó.
Carlos Sotelo consideró que la clase política debe predicar con el ejemplo, por lo que resaltó la necesidad de que se dictamine la iniciativa que presentó en marzo de 2010, la cual pretende impulsar un cambio en los patrones culturales de la población, a través del fomento de una cultura de respeto a los derechos humanos para que se cumplan las obligaciones económicas respecto a los miembros de la familia.
Carlos Sotelo señaló que cada vez son más numerosos los casos de mujeres e infantes que son víctimas del incumplimiento del pago de una pensión alimentaria a la que tienen derecho, por lo que es necesario armonizar la legislación para establecer sanciones drásticas a quienes quebranten esta obligación.
Al considerar que en el DF ya se discute una iniciativa similar que reforma los códigos Civil y Penal para sancionar con cárcel a quienes no cubran la pensión alimentaria de sus hijos, el senador Carlos Sotelo reprobó la actitud de muchos políticos y representantes populares que eluden su responsabilidad como padres de familia.
Por ello, planteó adoptar una disposición normativa en la Carta Magna que garantice los recursos materiales necesarios para asegurar una vida digna y el máximo estado de supervivencia y desarrollo de la mujer y la niñez en su entorno familiar.
Dijo que de aprobarse la reforma, el infractor de esta obligación alimentaria quedaría imposibilitado para formar parte en los asuntos políticos del país, votar y ser votado, lo cual “es perfectamente proporcional a la gravedad de la violación a un derecho humano fundamental, en agravio de mujeres, niños y niñas”.