Después de lustros de lucha por un sistema de medios democrático y competitivo, en el marco del acuerdo partidista del Pacto por México, se presentó al Congreso de la Unión un conjunto de reformas constitucionales en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
Se trata de una iniciativa de gran calado que combate la concentración, crea un Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) con autonomía constitucional, garantiza el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, obliga a formular políticas públicas para la inclusión digital universal, instruye a crear nuevas cadenas de televisión nacional y condiciona la convergencia de servicios a un entorno competitivo.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) saluda la iniciativa y llama a los partidos en el Congreso a aprobar a la brevedad las reformas que permitan crear un sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión más competitivo, plural y diverso. La iniciativa propone adicionar el artículo sexto constitucional en el sentido de que “El Estado garantizará el derecho de acceso a la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”
El gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo partido en su momento permitió la creación de las empresas concentradas que hoy dominan el mercado, en esta ocasión apoya una iniciativa que, en una de sus partes medulares, ordena la desincorporación de activos de operadores predominantes que concentren más de 50 por ciento del mercado, lo que impacta directamente en la estructura de los conglomerados que actualmente controlan la radiodifusión y las telecomunicaciones en México, los de las familias Azcárraga, Salinas Pliego y Slim.
La propuesta ordena plazos perentorios para que los legisladores diseñen las leyes secundarias en la materia. Define la radiodifusión y las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general garantizando la rectoría del Estado. De esta manera, se actualiza el vetusto régimen jurídico de la comunicación en el país.
Asimismo, la iniciativa atiende la demanda de que las concesiones ya no sólo sean con fines de lucro sino también de carácter público y social, lo que abre la puerta para que organizaciones de la sociedad civil hagan uso del espectro radioeléctrico, como los medios comunitarios e indígenas. Asimismo, introduce la figura de concesión única, la cual permitirá que los operadores ofrezcan todos los servicios que las tecnologías y las redes les permitan, pagando la contraprestación correspondiente. Con ello se economiza en trámites y regulaciones que separaban servicios de telecomunicaciones que ahora se pueden prestar de forma convergente.
En este sentido, se reduce la histórica discrecionalidad que favorecía la relación simbiótica entre medios y poder, pues el Ejecutivo Federal ya no será quien otorgue las concesiones sino que esta facultad recaerá directamente en el Ifetel, con atribuciones en materia de competencia económica, límites a la concentración y a la propiedad cruzada de medios y desincorporación de activos predominantes.
El Ifetel estará integrado por siete comisionados, los cuales se someterán a un examen de conocimientos a convocatoria abierta, quienes una vez que demuestren las más altas calificaciones, serán propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Además de ser profesionales en materia de competencia, radiodifusión y telecomunicaciones, lo cual elimina la improvisación que ha imperado en el sector, se impone el candado de que en los últimos cinco años previos a su nombramiento no hayan trabajado para las empresas reguladas. No obstante, hace falta que al término de su encargo también se fije un plazo para que no se integren a las filas de los operadores con toda la información que poseen.
El Ifetel deberá emitir reglas para la multiprogramación, es decir, la capacidad técnica de que en un mismo canal de transmisión se difundan más señales de televisión digital. Hasta antes de la reforma, no existía una política que regulara la multiprogramación. Ahora se establece que el Ifetel “otorgará las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación, bajo los principios de competencia y calidad, y garantizando el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias, incluyendo el pago de las contraprestaciones”.
En materia de retransmisión de señales de televisión, la iniciativa se queda corta porque no garantiza la gratuidad de las señales radiodifundidas, en beneficio de las televisoras. Se señala que los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida (Televisa y TV Azteca) están obligados a permitir la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria. Sin embargo, estas señales no serán gratuitas para operadores que hayan sido declarados con poder sustancial de mercado.
Otro tema relevante es que desde el texto constitucional se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, es decir, engañosa, una práctica común de concesionarios y autoridades para confundir a las audiencias. También se crearán mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente.
Los partidos firmantes del Pacto por México deberán aprobar las reformas constitucionales en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, para que rápidamente sean avaladas por los congresos locales. También debe darse cabal cumplimiento a los plazos que fijan los artículos transitorios de la reforma, para que se avance en la integración del Ifetel, en la convocatoria para licitar nuevas frecuencias que permitan agrupar dos nuevas cadenas de televisión nacional, y en la determinación de agentes económicos preponderantes en la industria.
La AMEDI reconoce que esta iniciativa derivada del consenso de los partidos, recoge muchas de las demandas históricas que diversos sectores de la sociedad hemos exigido para cambiar sustancialmente el actual modelo concentrado y excluyente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.
Al mismo tiempo estaremos vigilantes de los detalles en su discusión en el Congreso para evitar retrocesos y hacemos un llamado a la ciudadanía para que exija a los legisladores a estar a la altura de las propuestas y no dejarse doblegar por los poderes fácticos.
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
Aleida Calleja
Presidenta
Alberto Aziz Nassif
Coordinador del Consejo Consultivo