Al dar a conocer su posición en contra del dictamen por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia energética, el senador panista Javier Corral sostuvo que las privatizaciones del pasado han dejado a México monopolios y duopolios.
“La experiencia privatizadora no ha conseguido ni mejores servicios, ni precios más baratos, no hay una mejor redistribución de la riqueza, ni el país ha crecido como se ofreció. Se dice que las empresas en manos del Estado son corruptas e ineficientes y se tapan los ojos de que entre las más depredadoras, están varias de las trasnacionales petroleras privadas. Los monopolios tienen su anverso la concentración de la riqueza”.
Corral aseveró que dicho proyecto “nada propone para erradicar la corrupción”, incluso dijo que “lo que se avista no es nada prometedor”, pues no hay ninguna rectificación sobre aquélla, “más bien se diseñan estructuras nuevas para mantenerla, eso sí con nuevos corruptores”.
Consideró que si bien es necesaria una modernización del sector, ésta sólo debería ser aprobada si realmente propone erradicar la corrupción en el sector energético. “Debemos conocer las obras que se realizarán con los recursos que se suponen recibiremos. Debemos otorgar autonomía plena a los órganos reguladores que controlarán el sector de energéticos e hidrocarburos para que en ningún momento desaparezca la rectoría del Estado en materia energética”.
Además, afirmó que al ser esta una reforma “de gran calado” no se debería escatimar tiempo para sacar lo mejor para el país. “Si por las prisas que el Presidente Peña Nieto, que impuso al Congreso 100 días para aprobarla, generamos con esta reforma un mercado sin regulaciones ni supervisión, estaremos propiciando una mayor debilidad del Estado”.
El legislador chihuahuense aseguró que la reforma energética que se necesita debe enfrentar a la corrupción y fortalecer a los órganos reguladores. “Estas dos líneas deben ser el núcleo duro del que salga todo el paquete”, toda vez que la corrupción y la ineficiencia debilitan al Estado en sus funciones básicas. “Los hechos nos muestran esta simbiosis de corrupción y debilidad estatal”.
En ese sentido, Corral denunció que en el dictamen los órganos reguladores que deben facilitar la competencia y las decisiones técnicas se mantienen en el ámbito del Ejecutivo, no obstante que en la exposición de motivos del dictamen se señala: “No podría entenderse una reforma como la que aspiramos y la que la sociedad demanda, sin instituciones fuertes, independientes y autónomas”.
Corral expresó que los hidrocarburos no son sólo una fuente de ingresos para el gobierno, “esa visión recaudatoria está arriesgando de manera irresponsable otros enfoques estratégicos y prioritarios para La Nación: los hidrocarburos son un elemento fundamental de la geopolítica, la seguridad energética, más aún, cuando a nuestro lado vive el imperio que siempre nos ha despreciado pero que siempre ha querido nuestras riquezas”.
Agregó que PEMEX representa en términos económicos al sector productivo con mayor peso en la economía nacional. La inversión que durante años ha hecho es monumental. El número de empleos directos que genera como los indirectos son millones. Los impuestos que el gobierno recauda por la renta petrolera son excepcionales recursos para la economía del país. “Nada menos que el 32%. En aras de la reforma, se ha satanizado a la empresa, sin decir las cargas fiscales que se le impusieron y su dependencia directa de la SHCP”.
El legislador panista dijo que PEMEX también “ha sido el botín de un sin número de pillos de todos los niveles, ya del sindicato o de mandos directivos, de varios partidos, pasando por proveedores nacionales y extranjeros; recientemente ha sido víctima de latrocinio de los que ordeñan los ductos para vender la gasolina en el mercado negro. Fue el financiador de campañas políticas. Y la pregunta es, ¿Qué modelo no se agota así?”.
“Hoy resulta que lo acordado en materia energética gira en sentido contrario a lo firmado por Enrique Peña Nieto y partidos en el Pacto, ahí se escribió: “se mantendrá en manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad de los hidrocarburos y de PEMEX como empresa pública. En todos los casos la Nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos (compromiso 54)”.
“Conociendo la dinámica que ha prevalecido en reformas constitucionales, incluidas las promovidas por el Pacto, la ausencia de las definiciones específicas que desarrollen los conceptos fundamentales es muy delicado. Ya hemos visto cómo a la hora en que se unen los intereses económicos, reculan los reformadores. Cuando el negocio se pone por delante, la Constitución es lo de menos”, apuntó.