Debate sobre Ayotzinapa
Durante poco más de cuatro horas senadores del PRI y del Verde Ecologista subieron a tribuna para defender con frenesí al presidente Enrique Peña Nieto, con el argumento de que no tiene culpa de la desaparición de los 43 normalistas, pero sus colegas del PAN y PRD respondieron con el mismo tono que por ineficaz y tardía esta investigación, la historia lo juzga culpable.
El punto de la discusión parlamentaria de este jueves se centró en el informe de los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual, a consideración de legisladores panistas y perredistas, pone en duda las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
El senador petista Manuel Bartlett Díaz lamentó que desde el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se trate de “echar por tierra” el informe de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se pretenda minimizar el señalamiento de que durante los hechos estuvieron presentes elementos del 27 Batallón de Infantería y agentes de la PGR.
La senadora perredista dijo que la Presidencia de la República debe una explicación a la opinión pública nacional e internacional, sobre la investigación que realizó la PGR, pues “en cualquier nación democrática, la mentira institucionalizada ya habría costado la caída del gobierno”.
Añadió que con el informe de los expertos se perdió la confianza en las instituciones, por lo que resulta indispensable que para encabezar una comisión investigadora, se cuente con especialistas, organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas. “Ahí radica el reto de transitar del debate a los hechos”, expuso.
En su turno, la senadora panista Adriana Dávila Fernández dijo que la desaparición forzada es un delito que se ha vuelto una preocupación constante para la mayoría de los mexicanos, porque el país está en un momento de debilidad institucional.
Señaló que los mexicanos esperan explicaciones convincentes y demandan justicia integral por parte de las instancias encargadas de impartirla y consideró que los argumentos de las autoridades deben ser consistentes y que será posible aclarar los hechos sólo con argumentos científicos y no con descalificaciones.
Precisó que se ha insistido en la creación de una fiscalía especializada para el caso con la finalidad de evitar impunidad, así como continuar con las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del grupo de expertos independientes.
El priísta Manuel Cavazos Lerma reiteró que el caso no está cerrado, que ninguna línea de investigación está cancelada y las indagatorias seguirán hasta sus últimas consecuencias, hasta que sean consignados, juzgados y sentenciados todos los presuntos responsables, intelectuales y materiales.
“Son bienvenidos todos aquellos que quieran enriquecer la investigación”, así como la aportación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para que se valoren sus análisis, se contrasten con otros peritajes y si hay discrepancia entre expertos, que se convoque a otros peritos de más alto nivel para generar certezas y despejar dudas”, aseguró.
La también priísta Ana Lilia Herrera Anzaldo aseguró que el presidente Peña Nieto asumió su responsabilidad atrayendo la investigación, a través de la PGR, la cual ha realizado una exhaustiva indagatoria, que aún no concluye y se mantiene abierta.
Mencionó que fue el propio jefe del Ejecutivo quien pidió la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tener una visión externa, y que no quedará duda del interés por encontrar la verdad y hacer justicia. “Hasta ha tenido el valor civil de dar la cara a los familiares de estas personas”; apuntó.