La Comisión Permanente aprobó un acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República presentar un informe actualizado sobre las acciones emprendidas para la localización de personas desaparecidas en el territorio nacional.
La diputada Lilia Aguilar Gi dijo que el Estado mexicano no ha podido solucionar el problema de la seguridad en el territorio nacional ni las consecuencias ni “los daños colaterales” que esto ha traído: el tema de los desaparecidos.
“Las listas que se manejan de manera oficial y no oficial en los desaparecidos de la violencia o como resultado del crimen organizado y de la violencia en general en nuestro país, han sido tratados con poca seriedad”, opinó.
Las consideraciones del dictamen refieren que diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos y madres de personas desaparecidas recorrieron el pasado 10 de mayo las calles de la Ciudad de México para exigir a las autoridades que aumenten los esfuerzos para encontrar a sus familiares.
La tercera Marcha de la Dignidad Nacional, cuyo lema es “Madres buscando a sus hijos y buscando justicia” está conformada por centenares de ciudadanos provenientes de diferentes estados, principalmente de Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Coahuila, Sinaloa y Baja California.
Además, participan varias organizaciones, como Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y agrupaciones de parientes de las víctimas.
El dictamen señala que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) declaró que las desapariciones no están siendo atendidas con el esmero que demandan, ya que manifiestan que no perciben la coordinación básica entre los tres niveles de gobierno.